Las jornadas gratuitas de cataratas y pterigión representan una esperanza para familias vulnerables, pero denuncias sobre falta de seguimiento médico, largas filas y fallas de organización exhiben deficiencias que pueden dejar fuera a quienes más necesitan las intervenciones.
Por Victoria Castro Chávez
Bacalar, Quintana Roo.— Esperar hasta ocho meses para recuperar la vista, trasladarse de madrugada desde una comunidad alejada y pasar horas formado para recibir, al final, la noticia de que no será posible realizar la cirugía. Esa es la experiencia que enfrentan pacientes durante las jornadas de cirugías extramuros en Quintana Roo, un programa de asistencia médica que, pese a sus beneficios, presenta deficiencias de organización y seguimiento clínico que merecen una revisión urgente.
Para muchas familias de escasos recursos, especialmente adultos mayores del centro y sur del estado, estas campañas representan una de las pocas posibilidades de acceder gratuitamente a intervenciones de cataratas y pterigión, conocido popularmente como carnosidad.
Sin embargo, entre la inscripción y la valoración médica definitiva transcurren meses durante los cuales, según los señalamientos recogidos para esta nota, los pacientes no reciben un acompañamiento clínico continuo que les permita llegar en las mejores condiciones posibles a la jornada.
El resultado es un procedimiento que genera expectativas durante meses, pero que puede terminar en una nueva espera de hasta un año.
Ocho meses de espera y poco seguimiento
El proceso comienza cuando los interesados acuden al Sistema DIF Estatal para obtener el formato de inscripción y gestionar su participación ante la Beneficencia Pública.
Después de entregar los documentos solicitados, algunos pacientes esperan hasta ocho meses para recibir una nueva indicación.
El problema señalado no es únicamente la duración del trámite, sino la ausencia de un seguimiento médico sistemático durante ese periodo.
En pacientes de edad avanzada, particularmente aquellos que presentan diabetes o hipertensión, el control clínico previo resulta fundamental para valorar oportunamente si existen condiciones que podrían impedir una intervención.
La falta de orientación y vigilancia durante los meses de espera puede provocar que estos problemas se detecten demasiado tarde.
No se trata de realizar cirugías cuando existe un riesgo para la salud. Por el contrario, se trata de evitar que los pacientes lleguen al último filtro sin haber tenido oportunidad de recibir atención preventiva y una valoración adecuada.
Madrugan, viajan kilómetros y terminan rechazados
Durante la jornada desarrollada en Bacalar, pacientes procedentes de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco deben recorrer largas distancias para acudir a su cita.
Muchos salen de sus comunidades antes del amanecer para llegar temprano y conseguir una ficha de atención.
Sin embargo, de acuerdo con los testimonios sobre la organización, el personal encargado comienza a llegar alrededor de las ocho de la mañana, cuando ya existen filas de adultos mayores esperando.
La concentración de pacientes provoca demoras y aumenta el desgaste físico de personas que, en muchos casos, presentan enfermedades crónicas o dificultades de movilidad.
Aunque la Beneficencia Pública realiza llamadas telefónicas aproximadamente una semana antes para proporcionar recomendaciones, esta comunicación resulta insuficiente para corregir problemas de salud que requieren semanas o meses de seguimiento.
El último filtro puede terminar con meses de esperanza
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el momento en que se realizan las valoraciones clínicas.
Según la información recabada, la medición de presión arterial y glucosa se efectúa cuando los pacientes ya han pasado por distintas etapas del proceso de atención.
En ese punto, algunas personas presentan valores fuera de los parámetros aceptados para la intervención.
El personal médico puede otorgar un periodo de observación y realizar una nueva valoración; sin embargo, cuando las condiciones clínicas no permiten proceder de manera segura, la cirugía debe posponerse.
Esa decisión puede ser médicamente necesaria.
Lo cuestionable es que, después de meses de espera, el sistema no haya identificado y atendido con anticipación los factores que podrían impedir la operación.
Los testimonios refieren que una proporción importante de los pacientes que presentan alteraciones no consigue cumplir los criterios durante la jornada y termina sin cirugía.
No obstante, la estimación de que cerca del 80 por ciento de esos casos son rechazados requiere corroborarse con registros clínicos y administrativos.
Sin esa documentación, no es posible establecer cuántos pacientes fueron efectivamente descartados ni las causas específicas.
¿Qué ocurre con los alimentos de quienes no son operados?
A las dificultades médicas y de organización se suma otra interrogante relacionada con la distribución de alimentos.
De acuerdo con la información recabada, para las jornadas se solicitan raciones calculadas con base en el número de aspirantes registrados.
Las charolas de comida son entregadas a los pacientes después de sus intervenciones, mientras que quienes no llegan al quirófano presuntamente no reciben ese apoyo.
Esta situación abre una pregunta sobre el destino de las raciones previstas para las personas cuya cirugía fue suspendida.
Es necesario aclarar si los alimentos se preparan conforme al número de pacientes inicialmente registrados o si las cantidades se ajustan a quienes finalmente son intervenidos.
También corresponde conocer si existe un registro de las raciones entregadas, sobrantes o redistribuidas.
Por ahora, no hay elementos suficientes para afirmar que exista un desvío de recursos o un manejo irregular de alimentos. Lo que sí existe es una cuestión administrativa que las instituciones responsables pueden esclarecer mediante información verificable.
Un programa valioso que necesita corregir sus fallas
Las jornadas de cirugías extramuros cumplen una función social importante al acercar servicios especializados a personas que difícilmente podrían costear una intervención privada.
Para un adulto mayor con cataratas, recuperar la visión puede significar volver a caminar con seguridad, realizar actividades cotidianas y disminuir su dependencia de familiares.
Precisamente por ese impacto, el programa necesita mecanismos de organización acordes con las necesidades de sus beneficiarios.
Una alternativa sería establecer valoraciones médicas desde el momento de la inscripción, así como coordinación entre el DIF, la Beneficencia Pública y los centros de salud comunitarios para dar seguimiento a quienes presentan factores de riesgo.
También resultaría conveniente programar citas escalonadas, informar con anticipación sobre los requisitos clínicos y contar con mecanismos de seguimiento para los pacientes cuya intervención deba posponerse.
La solución no consiste en eliminar los filtros de seguridad, sino en evitar que estos se conviertan en una sorpresa después de meses de espera.
La esperanza de recuperar la vista no debería depender de la improvisación
El verdadero resultado de una campaña de cirugías no puede medirse únicamente por el número de intervenciones realizadas.
También importa cuántas personas quedaron fuera, por qué motivos, qué seguimiento recibieron y cuándo tendrán una nueva oportunidad.
La Beneficencia Pública y las instituciones participantes deberían transparentar el número de pacientes registrados, valorados, intervenidos y diferidos durante la jornada de Bacalar.
Asimismo, corresponde explicar qué protocolos de seguimiento existen antes y después de las intervenciones, así como los mecanismos de atención para quienes no cumplen los criterios médicos.
Una campaña que devuelve la vista merece reconocimiento. Pero un sistema que permite que adultos mayores esperen durante meses, viajen kilómetros y descubran hasta el último momento que no podrán ser operados necesita corregirse.
Porque para quienes llevan años viendo el mundo entre sombras, regresar a casa sin una solución y con la indicación de esperar otro año no es un simple contratiempo administrativo: es una esperanza nuevamente postergada.
