Entre julio de 2023 y septiembre de 2026, la Fiscalía reportó 1,207 víctimas rescatadas, 456 investigaciones y apenas 34 personas sentenciadas. La explotación de niñas, niños y adolescentes exhibe la necesidad de fortalecer la prevención, la justicia y la protección integral de las víctimas.
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— Detrás del crecimiento turístico y la intensa actividad económica de Quintana Roo existe una realidad que contrasta con la imagen de sus destinos internacionales: 151 niñas, niños y adolescentes fueron rescatados como víctimas de trata de personas entre el 1 de julio de 2023 y el 15 de septiembre de 2026.
La cifra, presentada en el balance de la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infancia frente a distintas modalidades de explotación y la necesidad de que las acciones institucionales vayan más allá de los operativos policiales.
De acuerdo con los datos reportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), durante ese periodo fueron rescatadas 1,207 víctimas de trata de personas, de las cuales 151 eran menores de edad.
Esto significa que aproximadamente una de cada ocho víctimas rescatadas era niña, niño o adolescente, una proporción que obliga a examinar las condiciones que facilitan la explotación de menores y la capacidad de las instituciones para protegerlos.
Más de 450 investigaciones, pero solo 34 personas sentenciadas
El balance de las autoridades estatales incluye 456 carpetas de investigación iniciadas, 221 cateos realizados en establecimientos e inmuebles, 141 personas detenidas y 34 personas sentenciadas, con penas que alcanzan hasta los 30 años de prisión.
Estas cifras reflejan la actividad ministerial desplegada contra un delito que suele operar mediante redes de captación, traslado, control y explotación de personas.
Sin embargo, también plantean interrogantes sobre los resultados de los procesos judiciales.
Mientras se reportan 456 investigaciones, el número de personas sentenciadas asciende a 34.
Aunque ambos indicadores no pueden compararse directamente para calcular una tasa de impunidad —porque las carpetas pueden involucrar a varias personas, encontrarse en distintas etapas o corresponder a procesos aún abiertos—, la diferencia hace necesario conocer cuántos expedientes han sido judicializados, cuántos siguen en investigación y cuántos concluyeron sin una sentencia.
La persecución de la trata no termina con un cateo o una detención. También requiere investigaciones sólidas que permitan identificar a los responsables, desarticular las redes de explotación y obtener resoluciones judiciales.
La vulnerabilidad infantil detrás de los destinos turísticos
Quintana Roo es uno de los principales destinos turísticos de México, con una actividad económica concentrada en ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
La intensa movilidad de visitantes y trabajadores, así como la presencia de establecimientos de hospedaje, entretenimiento y servicios, exige mecanismos permanentes de prevención y detección de posibles casos de explotación.
La trata de personas puede adoptar distintas modalidades, entre ellas la explotación sexual y laboral.
En el caso de niñas, niños y adolescentes, las condiciones de vulnerabilidad pueden agravarse por la pobreza, la falta de redes de apoyo, la movilidad familiar o la dependencia económica de personas adultas.
Sin embargo, el balance presentado no precisa cuántos de los 151 menores fueron víctimas de cada modalidad ni en qué municipios ocurrieron los rescates.
Esa información resulta indispensable para identificar los principales factores de riesgo y diseñar estrategias de prevención dirigidas a las comunidades más afectadas.
Rescatarlos es apenas el primer paso
El rescate de una víctima representa una intervención fundamental, pero no garantiza por sí mismo la restitución de sus derechos.
En el caso de menores de edad, la atención posterior debe contemplar acompañamiento psicológico, valoración médica, protección jurídica y condiciones seguras para evitar que vuelvan a situaciones de explotación.
También es necesario determinar si las víctimas cuentan con redes familiares adecuadas, si requieren medidas especiales de protección y qué instituciones se responsabilizan de su seguimiento.
El balance oficial destaca los rescates y las acciones ministeriales, pero las cifras difundidas no permiten conocer cuántos de los 151 menores reciben actualmente atención integral ni cuáles han sido los resultados de los programas de restitución de derechos.
La ausencia de esos indicadores en el reporte deja pendiente una evaluación sobre la protección de las víctimas después de los operativos.
Buscan involucrar a hoteles, bares y comercios
Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Gobierno formalizó una alianza con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR).
El acuerdo contempla la participación del sector empresarial en tareas de capacitación, sensibilización e identificación de posibles situaciones de trata de personas en establecimientos comerciales y turísticos.
La colaboración resulta relevante debido al contacto cotidiano que trabajadores de hoteles, bares, restaurantes y otros negocios mantienen con visitantes y residentes.
No obstante, para que estas acciones tengan resultados será necesario establecer protocolos claros de identificación y denuncia, así como mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su aplicación.
También será importante conocer cuántos establecimientos participan, cuántas personas han recibido capacitación y qué procedimientos existen para canalizar posibles casos a las autoridades competentes sin poner en riesgo a las víctimas.
Una deuda con la infancia de Quintana Roo
Las cifras de la Comisión Interinstitucional muestran que la trata de personas continúa siendo un problema que requiere atención permanente en Quintana Roo.
Los 151 menores rescatados representan historias de vulneración de derechos que no pueden reducirse a una estadística de resultados policiales.
La prevención, la investigación penal y la atención posterior deben funcionar de manera coordinada para evitar que las víctimas regresen a condiciones de riesgo.
También es indispensable fortalecer la vigilancia institucional y la colaboración con el sector turístico, sin perder de vista que la responsabilidad de proteger a la infancia corresponde al Estado.
Quintana Roo no puede medir su desarrollo únicamente por el número de turistas que recibe, las inversiones que atrae o el crecimiento de sus destinos. También debe hacerlo por su capacidad para proteger a las niñas, niños y adolescentes que viven en su territorio.
Porque detrás de cada menor rescatado existe una pregunta que las autoridades todavía deben responder con resultados verificables: ¿qué se está haciendo para garantizar que nunca vuelva a ser víctima de explotación?
