La comparecencia de Alma Gabriela Arroyo Angulo ante el Congreso exhibió las limitaciones del Sistema Estatal Anticorrupción. Mientras persisten dudas sobre los vuelos privados atribuidos a Mara Lezama, el costo de mantener la estructura burocrática abre otro frente de cuestionamientos sobre la eficacia del organismo.
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— En Quintana Roo, combatir la corrupción cuesta millones de pesos. Lo que todavía no está suficientemente claro es cuánto de ese dinero se traduce en resultados concretos para los ciudadanos.
La comparecencia de Alma Gabriela Arroyo Angulo, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, ante el Congreso local, dejó al descubierto una contradicción que merece atención: existe una estructura financiada con recursos públicos para coordinar la prevención y el combate a la corrupción, pero cuando los legisladores plantean un caso de evidente interés público, la respuesta es que esa dependencia no tiene facultades para investigarlo.
La sesión del 19 de octubre colocó nuevamente bajo escrutinio la eficacia del sistema y el costo de su funcionamiento.
Si la institución no puede investigar directamente, ¿qué mecanismos de coordinación activa para que las autoridades competentes atiendan los asuntos que ponen a prueba la rendición de cuentas?
Porque coordinar una política anticorrupción debería significar algo más que elaborar informes, celebrar reuniones y administrar plataformas digitales.
Una burocracia millonaria bajo cuestionamiento
La discusión adquiere otra dimensión cuando se revisa el dinero destinado al funcionamiento del sistema.
De acuerdo con información difundida tras la comparecencia, la Secretaría Ejecutiva dispone de un presupuesto anual aproximado de 25.6 millones de pesos para 2026, con una proporción considerable destinada a remuneraciones y servicios relacionados con su operación.
Dentro de esta estructura se encuentra el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas cuya función es representar la participación social en el Sistema Estatal Anticorrupción.
Los integrantes señalados son Josué Alberto Sosa Figueroa, Carolina Mendoza Polanco, Vicente Aguilar Rojas, Mario Edgardo Vargas Paredes y Nidia Elizabeth Alpuche Pacheco.
Según los señalamientos expuestos sobre sus percepciones, el costo conjunto de sus remuneraciones superaría los 6.6 millones de pesos anuales.
La cifra requiere contrastarse con los tabuladores, contratos y pagos efectivamente realizados, especialmente porque existen reportes públicos con montos distintos sobre los honorarios del comité.
Lo que no admite discusión es la necesidad de transparentar cuánto recibe cada integrante y cuáles son los resultados verificables de su trabajo.
La ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente cuánto cuesta mantener el organismo, sino qué recomendaciones ha emitido, qué propuestas fueron adoptadas, cuáles se encuentran pendientes y qué mecanismos utiliza para evaluar el cumplimiento de la política estatal anticorrupción.
¿Representantes ciudadanos o una estructura alejada de la sociedad?
El Comité de Participación Ciudadana fue concebido para incorporar a la sociedad en el funcionamiento del sistema y contribuir a evitar que el combate a la corrupción quedara exclusivamente en manos de las propias instituciones gubernamentales.
Por ello, sus integrantes no pueden limitar su rendición de cuentas a demostrar que cumplen con reuniones o actividades administrativas.
Su responsabilidad pública exige acreditar cómo participan en la identificación de riesgos de corrupción, qué propuestas presentan y qué impacto tienen sus recomendaciones.
El problema no es que reciban una remuneración por desempeñar funciones legalmente establecidas.
El problema surge cuando el costo de esas funciones resulta mucho más visible que sus beneficios para la población.
Y en una entidad donde las denuncias por posibles irregularidades en contrataciones, obras públicas y manejo de recursos aparecen constantemente en el debate público, la falta de información accesible sobre los resultados del sistema alimenta la percepción de una burocracia distante de los ciudadanos.
El presupuesto también debe pasar por el filtro anticorrupción
Uno de los señalamientos relacionados con la comparecencia apunta al peso que tienen las remuneraciones dentro del presupuesto institucional.
Sin embargo, es indispensable distinguir los capítulos presupuestales y las modalidades de contratación antes de concluir que existe un uso indebido de recursos.
El capítulo 3000 corresponde a servicios generales y puede incluir determinados servicios profesionales contratados bajo las disposiciones aplicables. Su utilización no demuestra automáticamente un desvío de dinero.
La revisión debe centrarse en los conceptos efectivamente pagados, su fundamento jurídico, los contratos correspondientes y los entregables que justifican cada erogación.
Precisamente porque se trata de una institución dedicada a promover la integridad pública, sus propios gastos deberían estar sujetos a un estándar especialmente alto de transparencia.
Un sistema que debe demostrar para qué sirve
La Secretaría Ejecutiva sostiene que ha registrado avances en la conexión de información con la Plataforma Digital Nacional, particularmente en el sistema de sanciones. Esas actividades forman parte de sus funciones institucionales.
Pero el funcionamiento de herramientas tecnológicas no resuelve por sí mismo la pregunta de fondo: ¿está mejorando la capacidad del estado para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción?
La respuesta requiere indicadores verificables, evaluaciones independientes y resultados que puedan ser consultados por cualquier ciudadano.
También exige conocer qué instituciones son responsables de investigar los casos concretos y cómo funciona la coordinación entre ellas.
De poco sirve contar con un sistema anticorrupción si, frente a los asuntos más delicados, la ciudadanía termina atrapada entre dependencias que explican por qué una investigación corresponde a otra oficina.
La austeridad debe comenzar por quienes vigilan el gasto público
Quintana Roo no necesita organismos que aparenten combatir la corrupción. Necesita instituciones capaces de justificar cada peso de su presupuesto y demostrar que su trabajo contribuye a prevenir irregularidades.
La comparecencia de Alma Gabriela Arroyo Angulo dejó una oportunidad para que el Congreso vaya más allá de escuchar informes.
Los diputados pueden exigir el desglose de las remuneraciones del Comité de Participación Ciudadana, los contratos de servicios profesionales, los indicadores de desempeño y los resultados de las políticas anticorrupción.
También pueden solicitar información sobre los mecanismos institucionales activados frente a asuntos de interés público, como las preguntas pendientes sobre los vuelos privados atribuidos a la gobernadora.
La verdadera simulación comenzaría si, después de conocer cuánto cuesta mantener esta estructura, nadie exigiera demostrar qué obtiene la sociedad a cambio.
Porque el combate a la corrupción no debería medirse por el tamaño del presupuesto, los salarios de sus integrantes o la cantidad de reuniones celebradas.
Debería medirse por su capacidad para impedir que el poder público opere sin rendir cuentas.
