*Más de 3,500 reos hacinan las cárceles quintanarroenses.
*El estado requiere más de 133 millones de pesos para alimentación.
*Incumplimiento de la Ley que contempla la organización de los penales sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social.
*Urgente que Legisladores promuevan marco legal para que mediante el trabajo, capacitación y educación los prisioneros participen en mejorar las condiciones carcelarias.
Por Salvador Pérez Hernández. Chetumal, octubre de 2014. Los Centros de Readaptación Social (CERESO) de Quintana Roo, representan un costo excesivo para el presupuesto de egresos del estado, Instancias que además presentan problemáticas como: hacinamiento, falta de una política seria de readaptación social y ausencia de programas de capacitación y empleo, además de consentir un menosprecio a los derechos humanos de los reclusos, que van desde medidas coercitivas al interior de los penales hasta una pésima alimentación, que evidencian la necesidad de incluir programas de readaptación social que incluyan el trabajo productivo por parte de los reos.
Recientemente el CERESO de Chetumal se puso en boga debido a motines, incendios, acusaciones de corrupción por privilegios, y hasta quejas de los internos a causa de la mala calidad de los alimentos, donde siempre estuvo presente la sombra, como si de ente perverso se tratara, del General en retiro Carlos Bibiano Villa Castillo, situación neutralizada por la apacible personalidad del actual encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública; Pedro Mercader Rodríguez.
Es indudable que con la llegada de Mercader Rodríguez la atención a los encarcelados cambió radicalmente, pues durante la permanencia de Villa Castillo las raciones alimenticias fueron reducidas a la nada, y ahora es posible que los presos tenga acceso además de frijoles y sopa, hasta carne, se terminaron las constantes razias que incluso derivaron en amotinamientos, por lo que Villa es recordado como un detractor del respeto a los Derechos Humanos, quien en sus visitas al CERESO se hacía acompañar hasta por 50 guardaespaldas, contrariamente a Mercader Rodríguez, quien tiene una actitud más humana y discreta.
Más allá de los aplausos del Ombudsman quintanarroense; Harley Sosa Guillen, que lo exhiben como inexperto y ajeno a la realidad penitenciaria, y expuso una realidad distinta a la problemática penitenciaria, hay que preguntarse en que ha pugnado este novel defensor del pueblo, para garantizar el que los reos efectivamente se readapten a vivir en sociedad, y es que más de 3700 presos que hoy están en los centros penitenciarios de Quintana Roo carecen de oportunidades de trabajo productivo.
En este sentido es necesario aclarar que las cárceles mexicanas se encuentran con una sobrepoblación del 35% y el costo de mantenimiento para la alimentación es en promedio de $ 100 pesos por reo, que multiplicado por el total de reos, al año causa un gasto de 133 millones de pesos, situación agravada por la falta de programas de empleo que les permitan obtener recursos para complementar su dieta, además disciplinarse y readaptarse.
A los reos al ser privados de la libertad por la comisión de algún delito, se le suspende el derecho a la libertad pero no al derecho al trabajo al que precisamente se refiere el Artículo 18 constitucional relativo a la organización de los penales sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social.
La Constitución además señala que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, “salvo el trabajo impuesto por pena por la autoridad judicial” y a este se le considera como un aspecto más de la prisión, para evitar el ocio del recluso, producir un mayor rendimiento de este o de la institución y más moderadamente como una forma de tratamiento, institución disciplinaria y observan el trabajo como una forma más de orden y control para el interno, sin embargo el trabajo de los internos es criticado por los trabajadores externos quienes han protestado por lo que consideraban una competencia desleal.
Por su parte en el primer Congreso de las Naciones Unidas de Ginebra en 1955, se señaló que “no ha de considerarse el trabajo como una pena adicional, sino como un medio de promover la readaptación del recluso, prepararle una profesión, inculcarle hábitos de trabajo y como un medio de evitar la ociosidad y el desorden; mantener o aumentar sus habilidades”.
Es por eso que los legisladores deben de coadyuvar para solucionar las crisis en los CERESO’s quintanarroenses, causadas por el hacinamiento, alimentación deficiente y corrupción, legislando para que los presos puedan realizar un trabajo productivo, estableciendo los lineamientos legales que permitan el establecimiento de centros de producción comerciales o de insumos para el estado, que además de permitirles un ingreso fortalecerá los valores que la sociedad quiere proteger, evitando el ocio e inculcando la disciplina, redundando en un mejor control de los internos.
