Chetumal.-Cuánta razón tenía el ex coordinador del Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, en modificar la iniciativa de ley de Protección Civil, dándole mayores atribuciones a la Coordinación Estatal y así mitigar un poco la corrupción que impera en los ayuntamientos, donde en lugar de ser un organismo que salvaguarde a la ciudadanía, se ha convertido en uno recaudador, donde la corrupción, extorciones a la iniciativa privada y los moches bajo la mesa, para la autorización de anuencias, están a la orden de día.
El fue muy claro al señalar que se tenía que reformar la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, mencionando que era cuestión de voluntad de los diputados, acción que no han tenido ni la mínima.
Una explosión de un tanque de gas LP en Playa del Carmen, el lunes 14 de marzo, les costó la vida a dos personas, otro tanque de gas estalló este miércoles en Leona Vicario, Puerto Morelos, por también acumulación de gas, afortunadamente solo quedó en un susto.
Cada año tenemos una temporada de lluvias y ciclones tropicales, donde la cultura de la prevención se debe reforzar, el cambio climático está generando muchas lluvias y con ellos inundaciones, es ahí, cuando de nueva cuenta tienen que entrar los de Protección Civil, que están limitados con equipo y personal, pero se ponen la camiseta y sacan la chamba.
El otrora diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, quien era presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado, desde el pasado 7 de los corrientes, pidió licencia, fue el encargado de meter en agosto del 2019 una iniciativa, la cual fue desechada por caducidad, que ni el mismo le dio seguimiento a su propuesta.
El año pasado, propuso hacer modificaciones a la Ley, pero cometió la burrada de copiar y pegar de una iniciativa pasada, que ni si quiera él y sus chalanes la leyeron, ya que estaba llena de faltas de ortografía y había dependencias que ya ni existían.
Una de las principales razones para no modificar la ley, es que dejaría de ser un área recaudadora, eso afectaría a los bolsillos de los ayuntamientos y, por ende, se continuará con la corrupción y los acuerdos para otorgar anuencias bajo la mesa.
