Chetumal.-Uber obtuvo un nuevo amparo contra disposiciones de la Ley de Movilidad de Quintana Roo, lo que refuerza su posición como servicio privado, al no considerarse transporte público. Este fallo, emitido por el Juzgado Quinto de Distrito, declaró inconstitucionales varios artículos y reglamentaciones que buscaban regular el funcionamiento de plataformas digitales de transporte en el estado.
El fallo establece que las autoridades, incluyendo el Congreso local, el Instituto de Movilidad (IMOVEQROO) y la administración de Mara Lezama, no pueden imponer a Uber requisitos similares o superiores a los aplicados al transporte público, como concesiones o autorizaciones, ya que su servicio no se enmarca en esta categoría.
Sin embargo, el juez dejó claro que el amparo no es una autorización para operar sin ningún tipo de control. El fallo señala que corresponde al Congreso del estado diseñar un marco regulatorio que sea razonable y acorde a la Constitución para estas plataformas. Este punto subraya que Uber no tiene un pase libre para operar sin regulación, sino que abre la puerta a una legislación específica que contemple su naturaleza como servicio privado.
Implicaciones del fallo
- Amparo como limitación al gobierno: El estado no puede aplicar las disposiciones declaradas inconstitucionales ni exigir concesiones o permisos.
- Uber aún bajo el ojo regulatorio: Aunque el fallo es una victoria parcial, no elimina la posibilidad de controles razonables en el futuro.
- Reacción del gremio taxista: El sector sigue oponiéndose, argumentando una competencia desleal.
- Posición del Congreso: Este deberá definir un marco regulatorio que garantice derechos tanto a las plataformas como a los usuarios y conductores.
El debate se mantiene vivo, y mientras se define un marco regulatorio justo, Uber continúa ganando terreno en Quintana Roo. Este caso podría sentar un precedente para otras entidades del país donde el modelo de negocio enfrenta desafíos legales y políticos.
Fuente: Benjamin Pat
