La psicóloga Tania Galera denuncia despido injustificado tras denunciar acoso; el Tribunal Laboral analiza su caso
Chetumal, Quintana Roo.– La psicóloga Tania, excolaboradora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, denunció públicamente que la institución ha protegido al funcionario acusado de acosarla y que su despido fue una represalia por haber presentado la denuncia formal ante las autoridades competentes.
En entrevista tras su audiencia en el Tribunal Laboral de Quintana Roo, Tania aseguró que el titular del Secretariado, Adrián Martínez Ortega, y parte de su equipo jurídico han intentado encubrir y manipular el caso, presentando documentos presuntamente falsos para justificar su separación del cargo.
“El Secretariado no solo me dejó sin empleo, también ha protegido a mi agresor. En lugar de investigar el acoso, fabricaron pruebas y mintieron sobre mi relación laboral. Es una práctica de simulación y abuso de poder”, declaró la denunciante.
La audiencia celebrada esta semana forma parte del juicio laboral que Tania interpuso por despido injustificado, luego de denunciar acoso laboral y sexual por parte de su entonces superior, identificado como Ricardo “N”, coordinador general del organismo.
De acuerdo con su testimonio, el despido se produjo poco después de haber acudido al Órgano Interno de Control, lo que ella considera una represalia directa. Durante la audiencia, su defensa —encabezada por abogados laborales y la activista Ariadne Song Anguas, representante de un colectivo feminista— desacreditó pruebas presentadas por la parte demandada, incluyendo documentos sin sellos ni validez legal.
Tania afirmó que el Secretariado Ejecutivo busca hacer creer que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, cuando en realidad depende de la Secretaría de Gobernación, en un intento por modificar su estatus administrativo y evadir responsabilidades.
“Han querido cambiar mi tipo de contratación, alterar documentos y mentir al tribunal. Pero todo está documentado. La Fiscalía ya investiga a Adrián Martínez Ortega por falsificación de documentos y declaraciones falsas”, señaló.
La denunciante responsabilizó públicamente a Martínez Ortega, a la directora jurídica Areli Peñaloza Vargas, y al propio Ricardo “N”, de cualquier acto de represalia o intimidación contra ella o su familia.
“No estoy sola, tengo el respaldo de abogadas y colectivos feministas. No estoy pidiendo favores, estoy exigiendo mis derechos. Y no me voy a callar”, enfatizó.
El caso ha despertado preocupación entre colectivos de mujeres en Quintana Roo, quienes señalan un patrón de impunidad institucional en denuncias de acoso dentro de dependencias estatales.
“Resulta alarmante que en un gobierno que se define como humanista y con corazón feminista, sigan ocurriendo casos donde se protege a los agresores y se castiga a las víctimas”, expresaron activistas consultadas.
El Tribunal Laboral de Quintana Roo continuará con el proceso en las próximas semanas, mientras se espera que las autoridades estatales y la Fiscalía determinen la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios involucrados.
