Tulum, Quintana Roo.— En plena temporada decembrina, Eliazar Sagrero Ordóñez, exsecretario del sindicato de taxistas Tiburones Rojos del Caribe de Tulum, obtuvo la suspensión provisional de su proceso penal por el delito de homicidio; sin embargo, continuará recluido en prisión mientras se resuelven los trámites judiciales correspondientes.
De acuerdo con el acuerdo dictado dentro del juicio de amparo indirecto 1299/2025, resuelto por el Juzgado Noveno de Distrito, la autoridad federal ordenó que el juez de control suspenda el procedimiento penal una vez concluida la etapa intermedia y hasta que se notifique la sentencia que cause ejecutoria en el expediente principal.
La resolución detiene temporalmente el avance del proceso, pero no modifica la medida cautelar de prisión, por lo que Sagrero Ordóñez permanecerá privado de la libertad.
El exdirigente sindical fue vinculado a proceso en 2024 por su presunta participación en un cuádruple homicidio. En noviembre del mismo año, la Octava Sala Especializada en Materia Penal de Cancún, presidida por el magistrado Omar Yael Landero Rosado, rechazó anular dicha vinculación y confirmó la resolución emitida por el juez de control.
Sagrero Ordóñez fue detenido en agosto de 2024 y posteriormente obtuvo libertad condicional bajo la modalidad de prisión domiciliaria. No obstante, autoridades ministeriales detectaron intentos de evasión, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado a solicitar una orden de cateo para su reaprehensión.
La diligencia se ejecutó el 31 de julio, cuando agentes ministeriales ingresaron al domicilio donde cumplía la medida cautelar, en Playa del Carmen, y lo trasladaron nuevamente al centro penitenciario de esa ciudad.
Tras su reaprehensión, un grupo de afiliados al sindicato protagonizó en septiembre del año pasado un bloqueo parcial de la carretera federal 307, en un intento por presionar a las autoridades judiciales.
Aunque la defensa del exlíder taxista ha insistido en presuntas irregularidades en el proceso, la suspensión concedida no implica su liberación ni un fallo favorable inmediato. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión, conforme a lo previsto para el delito de homicidio calificado.
Hasta el momento, no se prevén modificaciones sustanciales en su situación jurídica, particularmente debido a los antecedentes de intento de fuga, que mantienen al imputado bajo estricta vigilancia.
