Ciudad de México.— La confirmación de que Alex Tonatiuh Márquez Hernández dejó de laborar como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) no solo abrió cuestionamientos sobre su desempeño y presuntos señalamientos patrimoniales, sino que colocó en el centro del debate a Rafael Marín Mollinedo, titular de Aduanas y uno de los funcionarios con mayor margen de decisión en una de las áreas más sensibles del Estado mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue clara: la salida de Márquez Hernández no obedeció a una investigación formal, sino a una decisión interna tomada directamente por Marín Mollinedo, sin que hasta ahora se hayan transparentado los motivos ni el alcance de esa determinación.
“Fue una decisión que tomó el director de Aduanas”, dijo la mandataria, al tiempo que descartó —al menos por ahora— investigaciones anticorrupción o penales en contra del exfuncionario.
El caso resulta relevante porque Tonatiuh Márquez era una de las piezas clave dentro de la estructura de Investigación Aduanera, área estratégica encargada de combatir delitos como el huachicol fiscal, el contrabando y la evasión de impuestos, fenómenos que han colocado históricamente a las aduanas como uno de los principales focos de riesgo para la corrupción y el crimen organizado.
Diversos reportajes periodísticos han señalado a Márquez Hernández por inconsistencias patrimoniales, presuntos vínculos empresariales y una colección de relojes de lujo valuada en millones de pesos. Sin embargo, pese al ruido mediático y al escrutinio público, no existe hasta el momento un procedimiento administrativo o penal abierto, lo que refuerza la percepción de que su salida fue más política que institucional.
En este contexto, Rafael Marín Mollinedo concentra una responsabilidad directa: es él quien decide quién entra y quién sale, quién investiga y quién deja de hacerlo, en un sistema aduanero que el propio gobierno federal ha reconocido como altamente vulnerable a prácticas ilícitas.
La discrecionalidad con la que se tomó la decisión —sin informe público, sin expediente conocido y sin una explicación técnica— deja más preguntas que respuestas:
¿Fue una medida preventiva? ¿Un deslinde político ante la presión mediática? ¿O un ajuste interno para contener daños en un área estratégica?
Aunque la presidenta Sheinbaum reiteró que su gobierno “no es tapadera de nadie”, el caso revela que el verdadero filtro está hoy en las decisiones del director de Aduanas, un cargo con enorme poder operativo, político y administrativo, pero con pocos mecanismos visibles de rendición de cuentas ante la opinión pública.
La salida de Tonatiuh Márquez no cierra el tema; por el contrario, abre el foco sobre la conducción de Rafael Marín Mollinedo, quien deberá demostrar que las decisiones en Aduanas no responden a coyunturas, lealtades internas o control de daños, sino a una estrategia clara y transparente para limpiar una de las áreas más opacas y estratégicas del Estado mexicano.
