Chetumal.- Tras casi 4 años de conflicto legal, el empresario Sergio Zapata Vales, logró que los tribunales fallaran contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA), al denunciar la extralimitación de la paraestatal al oponerse al proyecto de brindar el servicio de agua purificada a habitantes de Chetumal y de Calderitas.
En entrevista, crítico la falta de interés y de competencia tanto de la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, al negarse a resolver las irregularidades comprobadas por Zapata Vales, no así, tuvieron que ser Tribunales Federales que resolvieron en favor del sustento y razón legal.
Recordó que en el año 2017 la empresa Madte S.A. de C.V. presentó una idea de negocio de invertir en una red hidráulica de tipo privada, a fin de suministrar agua potable a la capital del Estado y al ejido Calderitas, sin considerar la evasión de consumo de agua potable, toda vez que lo que se buscaba era brindar líquido purificado para consumo de las personas. No obstante, la CAPA entorpeció sin sustento legal el seguimiento al proyecto, además, también el Ayuntamiento de Othón P. Blanco al negarle el permiso para la apertura de zanjas para la instalación de los conectores hidráulicos, sino que fue “condicionado” por Luis Torres Llanes, expresidente Municipal de Othón P. Blanco, a dar 100 millones de pesos para supuestamente darle el aval municipal.
Es así que después de cuatro años de pugna jurídica, se determinó que no existe impedimento legal que permita el desarrollo de la obra privada, por lo que comprueba que la obstaculización se debió a chantajes de funcionarios municipales y de la propia CAPA, para sacar provecho a cambio de canonjías.
El empresario chetumaleño dio a conocer que una vez logrado la autorización, procederán en la denuncia por daños y perjuicios por un monto de 60 millones de pesos, así como una denuncia contra el titular de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, por abuso de poder.
Por otro lado, denunció la opacidad de la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, quién en todo momento mostró desinterés, evadió su responsabilidad, puesto que al parecer dicha dependencia fue creada para proteger a funcionarios estatales.
Mientras tanto, dijo, tendrán que pasar largos meses para que de nueva cuenta sea considerada la obra de inversión privada, luego de que a la fecha ya no está considerada como prioritaria en el Sur.
