Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— Un trámite vehicular que debería resolverse mediante requisitos, documentos y tarifas claramente establecidas puede convertirse en Chetumal en un verdadero viacrucis burocrático. Y detrás de esas dificultades comienzan a aparecer señalamientos mucho más graves: ciudadanos denuncian presuntos cobros extraordinarios para destrabar expedientes que no pueden concluir por la vía ordinaria.
El centro de los cuestionamientos es la Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco, encabezada oficialmente por Rodrigo Romero Febles, cuyo nombramiento aparece en el directorio público del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ).
Las denuncias conocidas por este medio describen un esquema en el que las trabas administrativas, la concentración de decisiones y la dificultad para recuperar documentación de los propios expedientes terminarían colocando al contribuyente en una posición de vulnerabilidad.
Y existe un caso que merece una investigación inmediata.
17 mil pesos por destrabar un trámite
De acuerdo con el testimonio recabado, un ciudadano acudió a realizar el canje de placas de un vehículo previamente registrado en otra entidad.
El procedimiento se detuvo porque faltaba una copia de la credencial de elector del vendedor.
Hasta ahí podría tratarse simplemente de un requisito administrativo pendiente.
Lo grave viene después.
Según la denuncia, al contribuyente le habrían solicitado 17 mil pesos para conseguir el documento faltante y permitirle continuar con el procedimiento.
El señalamiento adquiere mayor gravedad porque, de acuerdo con la versión del denunciante, la documentación requerida estaría relacionada con información existente dentro del propio expediente administrativo.
Este medio no ha podido verificar independientemente quién habría solicitado los 17 mil pesos ni existe, hasta ahora, una resolución administrativa o judicial que determine responsabilidades.
Pero precisamente por la gravedad del señalamiento, corresponde al SATQ investigar qué ocurrió.
¿Por qué no pueden entregar documentos?
Otro punto señalado por fuentes consultadas es la supuesta instrucción interna de restringir al personal la entrega de documentación contenida en los expedientes sin autorización superior.
Entre esos documentos estarían copias de facturas e identificaciones previamente proporcionadas para realizar trámites vehiculares.
Si esa instrucción existe, el SATQ tendría que explicar cuál es su fundamento jurídico, quién la emitió y en qué circunstancias un ciudadano puede obtener copias de documentos relacionados con su propio trámite, considerando además las obligaciones de protección de datos personales.
No se trata de exigir que cualquier servidor público entregue indiscriminadamente documentos que contienen información personal.
Se trata de determinar si existe un procedimiento claro para acceder a ellos o si la burocracia está generando espacios de discrecionalidad que después pueden ser aprovechados por intermediarios.
Las denuncias no comenzaron ayer
El contexto vuelve todavía más relevante el caso.
En junio de 2025 ya habían sido publicados señalamientos de ciudadanos sobre presuntas irregularidades en los trámites vehiculares de Chetumal.
Cambio 22 documentó entonces acusaciones sobre una supuesta red de gestores, obstáculos administrativos y presuntos cobros para facilitar procedimientos en una oficina del SATQ de la capital.
Eso no demuestra que las acusaciones actuales sean ciertas ni establece responsabilidad alguna de Romero Febles.
Pero sí demuestra algo importante:
los señalamientos sobre posibles irregularidades alrededor de los trámites vehiculares en Chetumal no son nuevos.
Y cuando diferentes ciudadanos, en momentos distintos, comienzan a describir problemas semejantes alrededor de una misma actividad administrativa, la autoridad tiene la obligación de investigar.
El propio SATQ tiene mecanismos para investigar
El SATQ reconoce formalmente la existencia de un servicio de quejas, denuncias y sugerencias, y su Unidad de Transparencia publica información relacionada con denuncias ciudadanas correspondientes a diferentes ejercicios, incluido 2026.
Por ello, la pregunta ya no puede limitarse a si existe un ciudadano inconforme.
La pregunta es si el órgano de control del SATQ ha recibido denuncias relacionadas con trámites vehiculares en Othón P. Blanco, cuántas existen, contra qué áreas fueron presentadas y cuáles fueron sus determinaciones.
Y hay otra pregunta todavía más sencilla:
¿existe alguna tarifa oficial de 17 mil pesos relacionada con obtener el documento o resolver la circunstancia descrita por el contribuyente?
Si no existe, alguien debe explicar de dónde salió esa cantidad.
Burocracia que abre espacios a la corrupción
Los problemas tecnológicos tampoco pueden convertirse en una justificación permanente.
Cuando una plataforma falla, un requisito no puede verificarse o el ciudadano debe regresar una y otra vez a una oficina, aumenta inevitablemente la intervención discrecional del funcionario.
Y donde existe discrecionalidad sin controles suficientes aparece un terreno fértil para gestores, intermediarios y posibles cobros indebidos.
El SATQ debería estar haciendo exactamente lo contrario: digitalizar expedientes, transparentar requisitos, establecer mecanismos de consulta, entregar comprobantes por cada procedimiento y reducir al mínimo la posibilidad de que una sola persona pueda decidir si un trámite avanza o permanece detenido.
Porque una oficina recaudadora administra dinero público y obligaciones fiscales.
No favores.
Rodrigo Romero debe explicar
Rodrigo Romero Febles ocupa oficialmente la Dirección de Recaudación de Othón P. Blanco.
Por eso resulta indispensable que explique públicamente si existe la instrucción de restringir la entrega de documentación de expedientes; cuál es el procedimiento para obtener copias; qué controles existen para impedir gestores o intermediarios; y si su dirección tiene conocimiento de solicitudes de dinero realizadas fuera de las tarifas oficiales.
También corresponde al SATQ determinar si el caso de los 17 mil pesos denunciados amerita una investigación administrativa.
No estamos frente a una sentencia ni podemos afirmar, sin una investigación oficial, que exista una red de extorsión encabezada por determinado funcionario.
Pero tampoco puede normalizarse que un ciudadano asegure que para destrabar un trámite fiscal le pidieron 17 mil pesos y que la respuesta institucional sea el silencio.
El contribuyente tiene derecho a saber cuánto cuesta un trámite, qué documentos necesita, por qué se lo rechazan y ante quién puede inconformarse.
Todo peso que se solicite fuera de una tarifa oficial debe ser explicado.
Y toda denuncia de un cobro ilegal debe investigarse.
Porque cuando la burocracia deja de ser una herramienta para ordenar los trámites y se convierte en el obstáculo que obliga al ciudadano a buscar quién se los “arregle”, la corrupción encuentra exactamente el espacio que necesita para prosperar.
