Playa del Carmen.- La administración municipal de Laura Beristain Navarrete ha emprendido una investigación en dependencias e incluso en notarías para recabar información del patrimonio municipal, ante la falta de un catálogo de predios por parte del gobierno anterior; al mismo tiempo, revisan la legalidad de la venta o permuta de terrenos realizados en los últimos meses de la gestión de Cristina Torres Gómez.
René Medrano, director general de Asuntos Jurídicos, indicó que en las dos últimas semanas se han dedicado a revisar el inventario, donde han encontrado un “desorden” al carecer la administración de un método para efectuar el catálogo, o incluso haberlo violado al no reportar diversos predios.
Por ello, han recabado información sobre los terrenos en distintas dependencias e incluso en notarías, detectando que hay escrituras pendientes y otras sin inscribrse ante el jurídico.
Se trata no sólo de los predios donde hay dependencias, aclaró, sino todos los terrenos que son donados por desarrolladores y en donde deben construirse calles, domos o parques.
Cuestionado sobre las ventas y operaciones en terrenos realizadas en los últimos meses de la administración pasada, que han desatado cierta polémica, el funcionario municipal indicó que, aunque el “desorden” hallado los ha tenido ocupados, también se investiga jurídicamente las decisiones que afectaron el patrimonio municipal, para ver si las ventas o transmisiones de propiedad a particulares son legales, además de ver cuáles culminaron.
Aunque no especificó cuáles operaciones, se ha denunciado la entrega de cinco predios destinados a donación al interior de Ciudad Mayakobá, presuntamente de forma irregular y por un valor inferior al real, por la negativa de OHL de tener una escuela pública en su exclusivo fraccionamiento.
“No nos metemos en temas políticos, sino en los legales; que se cumpla el marco legal y que estén sustentadas estas operaciones”, recalcó Medrano.
Por último, cuestionado sobre el plazo de 60 días para reportar anomalías o incidentes, acotó que ese límite es para el tema administrativo, por la entrega-recepción, pero cualquier ilícito, como el desvío a través de la disposición indebida de patrimonio, trasciende más allá de los dos meses.
