Por Victoria Castro Chávez
Autoridades estatales intensifican la vigilancia ante la venta de terrenos y viviendas sin permisos ni certeza jurídica; el fraude inmobiliario puede alcanzar penas de hasta 12 años de prisión.
CHETUMAL, Quintana Roo.- Al menos 116 desarrollos inmobiliarios se encuentran bajo vigilancia de las autoridades de Quintana Roo por posibles irregularidades administrativas o falta de certeza jurídica, en medio del acelerado crecimiento urbano y la expansión del mercado de bienes raíces que enfrenta la entidad.
Reportes oficiales advierten sobre proyectos que carecen de permisos, licencias o autorizaciones necesarias para su comercialización, situación que ha llevado a las autoridades estatales a reforzar las acciones de vigilancia, fiscalización y sanción contra quienes promueven desarrollos al margen de la ley.
El mapa de riesgo inmobiliario se concentra principalmente en los municipios con mayor crecimiento urbano y plusvalía. De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), entre los puntos donde se han identificado este tipo de operaciones se encuentran Tulum y Benito Juárez, particularmente Cancún.
A estos destinos se suman Playa del Carmen, donde existe vigilancia sobre la comercialización de lotes y proyectos sin municipalización, así como Bacalar, Isla Mujeres y Puerto Morelos, municipios en los que también se han detectado ofertas de terrenos en zonas que podrían no contar con las condiciones legales o urbanísticas necesarias para su desarrollo.
Uno de los principales problemas identificados por las autoridades es la utilización de plataformas digitales y redes sociales para promocionar terrenos, viviendas y departamentos que no cuentan con los permisos correspondientes.
Mediante campañas publicitarias, atractivos esquemas de financiamiento y promesas de elevada plusvalía, potenciales compradores pueden ser atraídos hacia inversiones que posteriormente enfrentan problemas relacionados con la propiedad de la tierra, permisos ambientales, autorizaciones municipales o factibilidad urbana.
Ante el crecimiento de este fenómeno, el Congreso de Quintana Roo endureció las sanciones contra quienes participen en la promoción y comercialización de desarrollos inmobiliarios irregulares.
El artículo 269 del Código Penal establece penas que pueden alcanzar hasta 12 años de prisión para quienes promuevan, difundan o comercialicen terrenos, casas o departamentos ubicados en fraccionamientos o desarrollos que no cuenten con las autorizaciones correspondientes de las autoridades estatales y municipales.
Paralelamente, la Fiscalía General del Estado mantiene investigaciones relacionadas con empresas y personas presuntamente involucradas en la comercialización irregular de propiedades.
Entre las acciones realizadas por las autoridades se encuentran cateos, aseguramientos de oficinas comerciales y la intervención de predios donde presuntamente se ofrecían lotes sin las garantías legales necesarias para los compradores.
Como parte de la estrategia preventiva, el Gobierno del Estado ha implementado mecanismos de consulta pública para que ciudadanos e inversionistas puedan verificar la situación jurídica de un desarrollo antes de realizar cualquier operación.
Las autoridades recomiendan consultar los registros oficiales de SEDETUS para confirmar que los proyectos cuenten con las autorizaciones necesarias, además de verificar que los asesores inmobiliarios se encuentren inscritos en el padrón estatal correspondiente.
Quintana Roo cuenta con más de 4 mil 400 asesores inmobiliarios con matrícula vigente, por lo que las autoridades insisten en la importancia de realizar cualquier operación mediante profesionales debidamente acreditados.
También se recomienda desconfiar de ofertas con precios considerablemente inferiores al mercado, promesas de rendimientos extraordinarios o esquemas mediante los cuales se ofrecen terrenos a cambio de trabajos de limpieza o desmonte.
Ante cualquier indicio de fraude, los afectados pueden acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente y permitir el inicio de las investigaciones.
El desafío para Quintana Roo consiste en mantener el crecimiento del sector inmobiliario sin permitir que la expansión urbana se convierta en terreno fértil para esquemas fraudulentos que pongan en riesgo el patrimonio de las familias.
Con 116 proyectos bajo vigilancia oficial, el combate a los desarrollos irregulares se ha convertido en uno de los principales retos para garantizar que el crecimiento inmobiliario de la entidad se realice bajo condiciones de legalidad, certeza jurídica y ordenamiento territorial.
