De los expedientes reportados durante el tercer año de gobierno, 1,778 llegaron a Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; en los primeros tres años se emitieron 117 resoluciones administrativas
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— Los órganos de control del Gobierno de Quintana Roo iniciaron 5 mil 144 expedientes de presunta responsabilidad administrativa durante el tercer año de la actual administración, una cifra que refleja la magnitud de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades cometidas en el servicio público.
De acuerdo con la información oficial presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de esos expedientes 1,778 derivaron en Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), mientras que 2 mil 264 fueron reportados como concluidos.
Las cifras corresponden al denominado Pilar 9, “Investigaciones que inhiben la corrupción”, y no significan que 5 mil 144 servidores públicos hayan cometido irregularidades ni que hayan sido sancionados. La estadística contabiliza expedientes y etapas procedimentales, no funcionarios declarados responsables.
Uno de cada tres llegó a IPRA
La relación entre los 5,144 expedientes iniciados y los 1,778 IPRA equivale aproximadamente al 34.6%.
El IPRA constituye una etapa relevante del procedimiento: es el instrumento mediante el cual la autoridad investigadora describe los hechos, identifica las posibles faltas administrativas y documenta las pruebas y fundamentos relacionados con una presunta responsabilidad.
Pero tampoco un IPRA equivale automáticamente a una sanción.
El propio informe permite observar la diferencia entre investigaciones y resoluciones. Entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2025, el Gobierno estatal reportó 117 resoluciones administrativas emitidas. De éstas, el documento contabiliza 83 inhabilitaciones, cinco sanciones económicas, 21 suspensiones, seis amonestaciones y dos destituciones del cargo.
Es importante tampoco sumar automáticamente esas 117 resoluciones a los 5,144 expedientes, porque corresponden a universos y periodos procesales diferentes.
1,726 manifestaciones ciudadanas
Otro indicador corresponde al sistema Denuncia Quintana Roo, que recibió 1,726 manifestaciones. De ellas, únicamente 118 fueron clasificadas como competencia del Gobierno del Estado, mientras que 1,608 correspondieron a otras autoridades.
Este dato muestra otra diferencia importante: una denuncia o manifestación ciudadana no equivale por sí misma a una investigación concluida, un IPRA o una sanción.
ASEQROO: nueve denuncias ante la Fiscalía
Por separado, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo reportó nueve denuncias de hechos relacionadas con las cuentas públicas de 2019 a 2024.
La distribución oficial es: una correspondiente a la Cuenta Pública 2020, tres a 2021, ninguna a 2022, tres a 2023 y dos a 2024. Las nueve se encontraban reportadas como “en integración (trámite)”.
Este indicador tampoco puede atribuirse íntegramente a la administración estatal iniciada en 2022, pues comprende ejercicios fiscales de diferentes periodos.
La cifra que merece otra investigación
Hay un dato todavía más interesante en el documento oficial: cuando desglosa específicamente las investigaciones relacionadas con declaraciones patrimoniales, reporta 5,740 iniciadas en el Primer Informe, 8,984 en el Segundo y 4,906 en el Tercero.
Esto demuestra por qué debemos evitar presentar los 5,144 como acumulado trianual.
