JMM.-En JMM, la Ley de Protección Animal parece ser un documento sin peso cuando se trata de perros, gatos y demás mascotas. Sin embargo, cuando los intereses económicos entran en juego, las autoridades aparecen con rapidez para defender causas que les resultan convenientes, como la tauromaquia y las peleas de gallos.
Un caso reciente en José María Morelos ha puesto nuevamente en evidencia esta doble moral. A través de un grupo de Facebook, un usuario anónimo denunció la agresividad de varios perros en la vía pública luego de que un familiar suyo fuera atacado por la noche alrededor de las 10:30 p.m. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica.
En su publicación, el denunciante afirmó que este no es un caso aislado y responsabilizó a los dueños por la falta de control sobre sus mascotas. Exigió una respuesta del municipio, incluyendo la implementación de un programa de control animal y la creación de una perrera municipal. Además, adelantó que interpondrá una demanda formal para alertar sobre el peligro que estos ataques representan, en particular para los niños. El video adjunto muestra cómo una persona, a bordo de una motocicleta, logra escapar de un ataque, generando la pregunta: ¿qué habría sucedido si la víctima hubiera sido un menor de edad?
Pero el caso no quedó ahí. Apenas unas horas después, otro video comenzó a circular en redes sociales locales, mostrando el momento en que una camioneta atropella a un perro que dormía en la carretera. Las imágenes generaron indignación y un fuerte debate entre los usuarios. Mientras algunos condenaron el acto y exigieron justicia en nombre de la Ley de Protección Animal, otros señalaron la responsabilidad de los dueños por permitir que los perros deambulen sin control, lo que ha derivado en incidentes como el ataque reportado anteriormente.
El silencio de las autoridades municipales es ensordecedor. No hay declaraciones oficiales, no hay estrategias claras, solo omisión y apatía cuando se trata de proteger a los animales domésticos. Mientras tanto, la aplicación de la ley sigue siendo selectiva: los eventos con fines lucrativos reciben respaldo oficial, mientras que las problemáticas diarias que afectan a la ciudadanía quedan en el olvido. ¿Hasta cuándo seguirá esta incongruencia?
La indignación en redes refleja el hartazgo de la población. La exigencia es clara: que la ley se aplique con la misma severidad en todos los casos, sin importar si los animales generan o no ganancias económicas.
