Mediante el presente pronunciamiento, quienes formamos parte del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, hacemos patente la solidaridad con la manifestación realizada por comunicadores en Playa del Carmen el pasado 3 de noviembre, para exponer la situación específica de 6 trabajadores del gremio periodístico que han recibido amenazas, intimidaciones y agresiones durante el ejercicio de su labor en dicha ciudad y en Puerto Morelos, Por lo tanto las y los integrantes del Consejo Consultivo nos pronunciamos en contra de cualquier amenaza o agresión en contra de quienes tienen la noble labor de informar todos los días sobre el acontecer de nuestro estado.
Este pronunciamiento se dirige también a las autoridades municipales y estatales para que quienes se desempeñen como servidores públicos, respeten los derechos humanos de las y los periodistas. Enfatizamos en este hecho puesto que parte de esta manifestación alude a presuntas agresiones e intimidaciones de elementos de seguridad pública municipales y de la Fiscalía General del Estado durante el ejercicio periodístico de las personas agredidas.
En este sentido la Comisión de los Derechos Humanos a través de la Segunda y Tercera Visitaduría General ya se encuentran investigando estos hechos mediante la apertura de tres expedientes de quejas: uno en contra de la Policía Municipal de Puerto Morelos por la agresión con gas lacrimógeno a una reportera, mientras cubría una manifestación; la segunda por la agresión e intimidación de un elemento de la Fiscalía General del Estado, en contra de un reportero que cubría una nota policiaca en Playa del Carmen; y la tercera en contra de un elemento de la policía municipal de Solidaridad por la agresión a un reportero que tomaba fotografías para una nota de la sección policiaca.
Aunque esta Comisión aún no se puede pronunciar sobre la acreditación de hechos violatorios de derechos humanos hasta que no se desahogue toda la investigación correspondiente, es menester recordar a los Ayuntamientos de Solidaridad, Puerto Morelos y la Fiscalía General del Estado, que la labor periodística se encuentra amparada por los artículos sexto y séptimo constitucional, así como por instrumentos internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, como La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, manifestamos que si bien bajo el amparo del Nuevo Sistema de Justicia Penal, existen protocolos para proteger las evidencias en la escena del delito, las restricciones deberán ser conforme a derecho, y que además se debe buscar en todo momento no transgredir la dignidad humana ni ejercer un uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las y los comunicadores que se encuentren cubriendo esos acontecimientos, ni en contra de civiles que se encuentren en dichas escenas.
Por otro lado, tenemos conocimiento que otros tres comunicadores sufrieron amenazas y agresiones por parte de civiles, durante la cobertura de la tala de mangle, hechos que ya fueron denunciados ante la Fiscalía del estado. En este sentido exhortamos a esa instancia a desahogar la investigación para proteger la integridad física de los comunicadores y para que se actúe conforme a derecho en contra de los responsables.
A fin de contribuir a la protección más extensa de los derechos humanos de las y los comunicadores que refieren haber sido agredidos, hacemos de conocimiento que esta comisión se ha dirigido oficialmente a la Secretaría de Gobernación a fin de solicitar su intervención para la implementación del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a favor de dichas personas.
En el ánimo de promover la protección de quienes se desempeñan en el ámbito periodístico, este organismo estatal se compromete a gestionar cursos de capacitación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos específicamente del programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, dirigidos a comunicadores de la zona norte del estado.
La agresión a las personas que se desempeñen en el ámbito periodístico lastima a la sociedad y por tanto a la vida democrática de Quintana Roo. Ser periodista no debería ser considerada una labor de alto riesgo, pues de ser así derivaría en la afectación de los derechos de la ciudadanía a ser informada, y a su vez en la libertad de elegir y de actuar respecto de los asuntos que le conciernen de su comunidad.
Proteger los derechos humanos de las y los periodistas es un asunto de interés trascendental para el estado, por lo que la ciudadanía y los tres niveles de gobierno debemos de crear una unión contra estas agresiones. Privilegiar el derecho a la información y la libertad de expresión es una consigna que debe permear en las autoridades para garantizar la democracia de nuestro estado. Evitemos tolerar la violencia fortaleciendo los derechos humanos de todas y todos.
Chetumal, Quintana Roo, 7 de Noviembre de 2016
INTEGRANTES DEL H. CONSEJO CONSULTIVO
HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE
JORGE ANTONIO CÁMARA GONZÁLEZ
LILIA MARÍA CONDE MEDINA
MANUEL CHEJÍN PULIDO
DAFNE BERNARDINA GARCÍA HERRERA
ALICIA DEL SOCORRO PÉREZ RODRÍGUEZ
MARIO BERNARDO RAMÍREZ CANUL
