Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— El dinero llega directamente a las manos del productor. Ese es uno de los principales atributos de Producción para el Bienestar. Pero después de años de operación, en Quintana Roo permanece una pregunta mucho más incómoda: ¿entregar unos cuantos miles de pesos al año está transformando realmente las condiciones en las que producen los campesinos o solamente les permite resistir una crisis que permanece intacta?
Producción para el Bienestar nació en 2019 para apoyar principalmente a productores agropecuarios de pequeña y mediana escala mediante transferencias económicas directas. Para 2026 cuenta con un presupuesto originalmente aprobado de 17 mil 472 millones de pesos, posteriormente modificado a 17 mil 402 millones.
Las reglas también fueron modificadas este año.
Desde abril, ningún beneficiario puede recibir menos de 7 mil 300 pesos ni más de 24 mil pesos anuales. Los productores de cultivos prioritarios de temporal con hasta tres hectáreas reciben 7 mil 300 pesos; entre tres y cuatro hectáreas, 8 mil; entre cuatro y ocho, 10 mil; mientras que para superficies mayores de ocho y hasta 20 hectáreas de temporal el cálculo puede realizarse por hectárea.
Para productores de café, cacao, caña de azúcar y nopal dentro de las superficies permitidas, así como apicultores con hasta 100 colmenas, el apoyo establecido para 2026 es también de 7 mil 300 pesos anuales.
Y precisamente ahí comienza la contradicción.
7 mil 300 pesos frente a los problemas reales del campo
En Quintana Roo, el problema agrícola difícilmente puede reducirse a la ausencia de dinero en efectivo.
El Censo Agropecuario 2022 del INEGI retrata un sector productivo enfrentado a obstáculos mucho más profundos: 82.9% de las unidades de producción agropecuaria señaló los altos costos de insumos y servicios como uno de sus principales problemas; 35% reportó pérdida de fertilidad del suelo y 21.9% dificultades para la transportación.
Es decir, entregar 7 mil 300 pesos puede ayudar a comprar semillas, combustible, fertilizante o cubrir alguna necesidad inmediata.
Pero difícilmente puede financiar por sí solo sistemas de riego, mecanización, recuperación de suelos, caminos sacacosechas, infraestructura de almacenamiento, tecnificación o cadenas eficientes de comercialización.
El subsidio ayuda al productor a sobrevivir. No necesariamente transforma la manera en que produce.
Esa diferencia es fundamental.
La caña muestra la dimensión del problema
La contradicción resulta todavía más evidente cuando se observa la actividad cañera del sur de Quintana Roo.
Para un productor que enfrenta fertilizantes, combustibles, maquinaria, corte, transporte y otros costos asociados a una hectárea de caña, 7 mil 300 pesos anuales representan un apoyo, pero están muy lejos de constituir una política integral de rescate productivo.
El problema no es que el dinero no sirva.
Claro que sirve para una familia campesina.
El problema aparece cuando una transferencia económica termina convirtiéndose en el principal rostro de la política agropecuaria mientras continúan pendientes los problemas estructurales que condicionan la productividad.
El propio programa reconoce que el dinero no basta
Incluso el diseño de Producción para el Bienestar reconoce indirectamente esa limitación.
Las reglas de operación de 2026 mantienen un componente de acompañamiento técnico, además de establecer procedimientos para incorporar productores al padrón y entregar los apoyos directos.
Por eso, la evaluación de la política pública no debería quedarse en cuántos productores recibieron dinero.
Las preguntas tendrían que ser otras:
¿Cuántos incrementaron su rendimiento? ¿Cuántos recuperaron suelos? ¿Cuántos incorporaron tecnología? ¿Cuántos disminuyeron sus costos? ¿Cuántos consiguieron mejores canales de comercialización? ¿Cuántos dejaron de depender del subsidio para mantener funcionando su unidad productiva?
Ahí debería medirse el verdadero éxito de Producción para el Bienestar.
Quintana Roo necesita algo más que transferencias
La agricultura quintanarroense presenta características que hacen todavía más necesaria una política regional.
El estado produce maíz y otros granos, caña de azúcar, miel, frutas tropicales y diversos productos que enfrentan problemáticas completamente distintas.
No necesita lo mismo un campesino que cultiva milpa en José María Morelos o Felipe Carrillo Puerto que un cañero de Othón P. Blanco, un apicultor de la zona maya o un productor comercial.
Sin embargo, la transferencia directa corre el riesgo de tratar problemas productivos profundamente distintos mediante una misma herramienta: depositar dinero una vez al año.
Y ninguna transferencia de 7 mil 300 pesos puede sustituir una política de infraestructura, financiamiento, sanidad, mecanización, asistencia técnica, seguros, comercialización y recuperación de suelos.
Apoyo social no es desarrollo productivo
Producción para el Bienestar cumple una función que sería injusto minimizar.
Para miles de pequeños productores, recibir directamente recursos públicos representa liquidez inmediata y evita intermediarios. Además, el programa establece formalmente como objetivo mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios de productores pequeños y medianos.
Pero transferir recursos y transformar el campo son dos cosas diferentes.
Si después de recibir el apoyo el campesino continúa enfrentando fertilizantes caros, suelo degradado, dificultades para transportar su cosecha, falta de infraestructura y mercados que no garantizan precios suficientes, entonces el problema permanece.
El productor recibió dinero.
El campo siguió igual.
Y ahí radica el desafío de Quintana Roo: pasar de una política que contabiliza beneficiarios y depósitos a otra que pueda demostrar aumentos de productividad, rentabilidad y capacidad económica de las familias rurales.
Porque el verdadero éxito de Producción para el Bienestar no debería medirse por cuántos campesinos cobran el apoyo, sino por cuántos, después de recibirlo junto con una política integral de desarrollo rural, consiguen producir más, vender mejor y necesitar menos del subsidio para sobrevivir.
