Chetumal.-El pasado 19 de noviembre de 2024, el recién formado Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo llevó a cabo su Primera Sesión Jurisdiccional bajo la dirección de la Magistrada Presidenta Minerva Mariabel Moreno Cruz. Este tribunal es único en el país, destacando no solo por su misión de justicia administrativa y combate a la corrupción, sino también por ser el primer órgano autónomo conformado exclusivamente por mujeres magistradas.
Resoluciones aprobadas
Durante la sesión, el pleno aprobó un total de 35 proyectos de resolución, los cuales abarcaron diferentes tipos de recursos, como reclamaciones y revisiones, correspondientes tanto a procedimientos administrativos como a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). Entre los más destacados se encuentran:
- 24 proyectos de recursos de reclamación relacionados con expedientes administrativos.
- 2 recursos de la LGRA sobre responsabilidades administrativas.
- 9 proyectos de recursos de revisión, varios de ellos con acumulados.
Participación del pleno
Las magistradas Mayra San Román Carrillo Medina, Rubí Guadalupe Sulub Cih, Nayeli del Carmen Solís Poot y Claudia Carrillo Gasca desempeñaron un papel fundamental al analizar y resolver cada punto del orden del día. Su colaboración y compromiso fueron reconocidos por la Magistrada Presidenta, quien destacó su labor como un reflejo del profesionalismo que caracteriza a este renovado órgano autónomo.
Un modelo único en el país
El Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo no solo busca garantizar la imparcialidad en la resolución de conflictos administrativos, sino que también representa un avance en la equidad de género al estar liderado exclusivamente por mujeres. Esta integración no tiene precedentes en México, marcando un estándar de inclusión y liderazgo femenino en las instituciones públicas.
Con esta primera sesión, el tribunal reafirma su compromiso de consolidarse como un pilar en la impartición de justicia administrativa y la lucha contra la corrupción en el estado, mientras abre camino hacia una nueva era de equidad y profesionalismo en los órganos de justicia.
