Habitantes de la colonia, ubicada en la zona de Calderitas, cuentan con solicitudes de regularización ante la SEDATU. El ejido Calderitas reclama derechos sobre el predio, pero documentos del Registro Agrario Nacional revelan una controversia que debe aclararse antes de cualquier intento de desalojo.
Chetumal, Quintana Roo.— Para las aproximadamente 200 personas que habitan la colonia La Concordia, el lema “Unidos por un patrimonio” ha dejado de ser una simple frase comunitaria. Hoy representa la defensa de los terrenos donde han establecido sus hogares y de los que podrían ser desalojados en medio de una disputa agraria que sigue sin resolverse.
La colonia se encuentra a un costado de Los Palomos y frente a Las Águilas, en la zona de Calderitas, municipio de Othón P. Blanco.
Sus habitantes señalan al ejido Calderitas y a Rodolfo del Valle como impulsores de las acciones para recuperar los terrenos. Sin embargo, la documentación presentada por los colonos plantea preguntas que las autoridades agrarias y ministeriales deben responder antes de que el conflicto termine en una confrontación.
Porque aquí el problema no es solamente quién reclama la tierra, sino quién puede demostrar legalmente que tiene derecho sobre ella y bajo qué procedimiento pretende recuperarla.
La SEDATU recibió solicitudes de regularización
Entre los documentos proporcionados a este medio se encuentra una solicitud individual de enajenación de terreno nacional dirigida a la Dirección General de Terrenos Nacionales, con sello de recibido del 11 de junio de 2026 y folio visible 004222.
El escrito invoca los artículos 157, 158 y 160 de la Ley Agraria y solicita que, previa declaratoria de terreno nacional y de resultar procedente, se autorice la enajenación del predio.
El solicitante manifiesta tener más de tres años de posesión y señala que el terreno está destinado a vivienda.
Este documento no es un título de propiedad ni acredita que la SEDATU haya autorizado la adquisición del terreno. Sin embargo, demuestra que existe al menos una gestión formal ante la autoridad federal para regularizar su situación.
Los colonos aseguran que otros habitantes también cuentan con solicitudes selladas por la dependencia. Será necesario establecer cuántos expedientes individuales existen y cuál es su estado administrativo.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué respuesta ha dado la SEDATU a estas personas y qué ocurrirá con sus solicitudes si se intenta desalojarlas antes de resolverlas?
El Registro Agrario Nacional introduce un elemento clave
La controversia adquiere mayor relevancia al revisar un oficio del Registro Agrario Nacional fechado el 29 de julio de 2026, emitido en respuesta a una solicitud de información de la Fiscalía General del Estado.
En ese documento, la representación del RAN en Quintana Roo señala que, de acuerdo con las coordenadas proporcionadas, el predio consultado se encuentra en una superficie identificada como “achurada” del ejido Calderitas.
También indica que esa condición deriva de un acuerdo de asamblea relacionado con los límites de superficie establecidos en las normas técnicas del Registro Agrario Nacional.
Lejos de constituir una respuesta definitiva sobre la propiedad, esta información motivó nuevas preguntas de la propia Fiscalía.
En un oficio posterior, fechado el 30 de julio de 2026, el Ministerio Público solicitó al RAN aclarar si la superficie achurada pertenece al ejido Calderitas, quién la dotó o asignó y qué documentos respaldan esa situación, además de requerir medidas, colindancias y planos.
Estas preguntas son fundamentales.
La identificación de un terreno como superficie achurada no demuestra, por sí sola, que sea propiedad nacional ni que el ejido carezca de derechos. Tampoco basta para concluir que el ejido tiene facultades para recuperar inmediatamente la posesión.
Lo que muestran los documentos es que la situación territorial requiere una aclaración jurídica y técnica.
Y mientras esa aclaración no esté debidamente documentada, cualquier intento de imponer una solución por la fuerza puede agravar el conflicto.
Una denuncia por despojo no equivale a una orden de desalojo
La Fiscalía General del Estado mantiene una carpeta de investigación por presunto despojo cometido en agravio del ejido Calderitas, identificada en los documentos como FGE/QROO/OPB/05/2420/2026.
La existencia de esa investigación demuestra que el conflicto llegó al ámbito penal, pero no significa que se haya acreditado la comisión de un delito ni que exista una sentencia contra los habitantes.
Mucho menos representa, por sí misma, una autorización para ejecutar un desalojo.
En los escritos de defensa presentados por los colonos se sostiene que el ingreso de diversas familias ocurrió de manera pacífica y que no existieron actos de violencia, amenazas o engaños. Esos argumentos forman parte de su versión de los hechos y deberán contrastarse con la investigación ministerial.
También señalan presuntos actos de intimidación y hostigamiento atribuidos a personas interesadas en recuperar los terrenos, entre ellas Jorge y Rodolfo del Valle.
Son acusaciones que requieren investigación y respecto de las cuales los señalados deben tener oportunidad de responder.
Pero hay un principio que no debería estar sujeto a discusión: ningún particular puede sustituir a la autoridad judicial para ejecutar por cuenta propia un desalojo mediante amenazas o violencia.
Si el ejido Calderitas considera que tiene derechos legítimos sobre el terreno, corresponde acreditarlos y ejercerlos por las vías legales.
Y si los habitantes consideran que tienen derecho a la posesión o a solicitar la adquisición de terrenos nacionales, también deben demostrarlo ante las instancias competentes.
Decientas personas no pueden quedar atrapadas en una disputa sin respuestas
El aspecto más delicado del caso es su dimensión social.
En La Concordia habitan aproximadamente 200 personas, de acuerdo con la información proporcionada por los colonos. Detrás de esa cifra existen hogares, pertenencias y personas que podrían perder el espacio donde viven.
La necesidad de vivienda no convierte automáticamente una ocupación en legal. Pero tampoco puede utilizarse una denuncia penal como sustituto de un procedimiento que determine los derechos de las partes.
La autoridad tiene la obligación de actuar con apego a la ley, proteger la integridad de los involucrados y evitar que una controversia territorial se transforme en un conflicto violento.
Por ello, resulta indispensable que la SEDATU informe sobre los procedimientos de enajenación presentados, que el Registro Agrario Nacional precise la situación jurídica del polígono y que la Fiscalía esclarezca los hechos denunciados sin anticipar responsabilidades.
También corresponde a los representantes del ejido Calderitas explicar públicamente qué documentos sustentan su reclamación y si existe alguna resolución de autoridad competente que ordene la restitución del predio.
¿Quién pretende desalojarlos y con qué orden?
Esta es la pregunta central que todavía necesita una respuesta verificable.
Los habitantes de La Concordia denuncian una amenaza de desalojo, pero entre los documentos examinados no se ha identificado una resolución judicial o agraria que ordene expresamente desalojar a los ocupantes.
Los oficios de la Fiscalía y del Registro Agrario Nacional acreditan actuaciones de investigación y solicitudes de información, no una orden de ejecución.
Si existe una resolución de esa naturaleza, debe conocerse qué autoridad la emitió, contra quién está dirigida, qué superficie comprende y bajo qué procedimiento se pretende cumplir.
Si no existe, quienes promueven la recuperación del terreno deben explicar cuál es el fundamento legal de sus acciones.
La intervención del Gobierno de Quintana Roo tampoco puede limitarse a observar cómo crece la tensión. Las autoridades competentes deben garantizar que cualquier actuación respete el debido proceso y los derechos de todas las personas involucradas.
El patrimonio no se defiende con amenazas ni se recupera por la fuerza
La Concordia se ha convertido en otro ejemplo de los conflictos que aparecen cuando la necesidad de vivienda, la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra y las disputas agrarias se encuentran sin una solución institucional clara.
Los colonos tienen documentos que deben ser revisados. El ejido tiene reclamaciones que deben ser examinadas. Y las autoridades cuentan con información que podría contribuir a resolver la controversia.
Lo que no resulta aceptable es que, ante la falta de claridad, la respuesta termine siendo una confrontación entre habitantes y quienes reclaman los predios.
La SEDATU debe explicar qué ha ocurrido con las solicitudes de regularización. El Registro Agrario Nacional debe precisar los alcances de la superficie achurada. La Fiscalía debe investigar sin convertir una denuncia en una condena anticipada.
Y quienes pretenden recuperar los terrenos deben demostrar que cuentan con el respaldo jurídico necesario.
Porque antes de desalojar a unas 200 personas, lo mínimo que debe existir es certeza sobre quién tiene derecho a la tierra, qué autoridad ha resuelto el conflicto y bajo qué orden legal se pretende actuar.
Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, el futuro de La Concordia seguirá marcado por la incertidumbre.
Y para quienes viven allí, “Unidos por un patrimonio” significa algo mucho más importante que el nombre de una colonia: significa no perder el lugar que consideran su hogar.
