Aunque el uso de medios electrónicos para interactuar con las autoridades aumentó a 58.4%, el estado ocupa el lugar 20 nacional en gobierno digital y entorno regulatorio. La propia administración reconoce deficiencias en capacitación, infraestructura y coordinación institucional.
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— El Gobierno de Quintana Roo ha convertido la transformación digital en una de sus apuestas para modernizar la administración pública. Convenios, nuevas plataformas, una agencia especializada y anuncios sobre simplificación de trámites forman parte de esa estrategia. Sin embargo, las cifras revelan que todavía existe una distancia considerable entre los proyectos anunciados y la posibilidad de que los ciudadanos resuelvan sus gestiones sin acudir a una oficina.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 58.4% de la población de Quintana Roo de 18 años y más tuvo al menos una interacción con el gobierno mediante medios electrónicos.
El resultado supera el promedio nacional de 51.5% y representa un crecimiento de 11.8 puntos porcentuales respecto de 2023.
Pero hay un dato que cambia la lectura de ese avance: solamente el 19.7% de la población realizó al menos un trámite completamente en línea, porcentaje inferior al promedio nacional de 20.6%.
En otras palabras, cada vez más personas utilizan internet para relacionarse con las autoridades, pero eso no significa que puedan concluir sus trámites sin desplazarse, presentar documentos físicamente o realizar gestiones adicionales.
Quintana Roo, lugar 20 en gobierno digital
El Índice de Desarrollo Digital Estatal 2025, elaborado por el Centro México Digital, ofrece otra perspectiva.
En la clasificación general, Quintana Roo obtuvo 163 puntos y ocupó la posición 13 entre las 32 entidades federativas.
Sin embargo, al evaluar específicamente el componente de gobierno digital y entorno regulatorio, la entidad descendió al lugar 20, con apenas 35 puntos.
La diferencia evidencia que los avances tecnológicos generales del estado no necesariamente se reflejan en la capacidad de las instituciones públicas para ofrecer servicios digitales eficientes.
El reto no consiste únicamente en habilitar páginas de internet o formularios electrónicos, sino en conseguir que los procedimientos puedan realizarse de principio a fin, con sistemas conectados entre dependencias y sin duplicar requisitos.
La propia Agencia reconoce debilidades internas
El diagnóstico contenido en la Agenda Digital 2026–2027 del Gobierno de Quintana Roo identifica limitaciones que ayudan a explicar el rezago.
La administración estatal cuenta con 75 instituciones, pero el levantamiento de información tecnológica solamente consideró a 52, por lo que el panorama presentado no abarca la totalidad de las dependencias y organismos.
Uno de los datos más reveladores corresponde a la capacitación del personal.
Durante 2025, las instituciones encuestadas reportaron un promedio de apenas 2.6 trabajadores de sus áreas tecnológicas capacitados en transformación digital.
La cifra plantea dudas sobre la capacidad institucional para implementar proyectos de modernización a gran escala, especialmente cuando estos requieren conocimientos especializados, actualización permanente y coordinación entre diferentes áreas.
La Agenda Digital también reconoce que la proporción de instituciones con áreas de tecnología no muestra una mejora sostenida.
Mientras que en 2012 se reportaba una cobertura de 64%, el levantamiento reciente identificó 62.2%.
Aunque ambas mediciones no utilizaron muestras idénticas, los resultados muestran que la existencia de estructuras tecnológicas dentro del gobierno sigue siendo un desafío.
Anuncian 41 trámites digitales, pero falta conocer cuántos funcionan completamente
En noviembre de 2025 fue constituida la Agencia de Transformación Digital del Estado, con atribuciones para coordinar la modernización tecnológica, impulsar la simplificación administrativa y promover la interoperabilidad entre instituciones.
Posteriormente, en febrero de 2026, el Gobierno estatal anunció el inicio de la integración y digitalización de 41 trámites correspondientes a 10 dependencias.
El anuncio representó un paso hacia la modernización, pero también abrió una pregunta que requiere una respuesta pública: ¿cuántos de esos 41 trámites ya pueden realizarse completamente por internet?
Iniciar la digitalización de un procedimiento no significa necesariamente que el ciudadano pueda concluirlo desde su computadora o teléfono.
Para evaluar los resultados, sería necesario conocer cuáles trámites están disponibles, cuántas personas los han utilizado, qué porcentaje de solicitudes se concluye exitosamente y cuánto tiempo se ahorra frente al procedimiento presencial.
La Agencia también reporta un repositorio de 378 soluciones tecnológicas utilizadas por instituciones estatales, además de avances en sistemas de pago y la digitalización de procesos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
No obstante, la existencia de herramientas digitales no equivale automáticamente a una mejora generalizada de los servicios públicos.
Proyectos anunciados y avances todavía por demostrar
Entre las iniciativas incluidas en la estrategia estatal destacan la Ventanilla Digital de Trámites y Servicios, el Catálogo Estatal de Regulaciones, Trámites y Servicios, el Buzón del Pueblo, el Repositorio Estatal de Plataformas y una futura Ley de Transformación Digital.
Sin embargo, en el tablero de seguimiento consultado para el análisis, los proyectos y el avance general aparecían con indicadores de 0%.
Ese registro no permite concluir por sí solo que no exista trabajo realizado, pero sí plantea la necesidad de actualizar y transparentar los resultados.
Una política de transformación digital necesita indicadores verificables, no únicamente anuncios institucionales.
Los ciudadanos deberían poder conocer qué proyectos están terminados, cuáles continúan en desarrollo, cuánto dinero se ha invertido y qué beneficios concretos han generado.
Trámites que pueden consumir años
La necesidad de simplificar procedimientos administrativos tampoco es nueva.
Un diagnóstico presentado en 2024 identificó procesos que, por la acumulación de requisitos y tiempos administrativos, podían representar aproximadamente 1,365 días hábiles para abrir una empresa y 1,095 días hábiles para construir una edificación.
En ese momento se planteó reducir entre 40% y 60% los tiempos y procesos.
Estas estimaciones reflejaban la complejidad del marco regulatorio identificado entonces; no deben interpretarse como el tiempo que actualmente tarda cualquier ciudadano en abrir un negocio o construir un inmueble.
Sin embargo, permiten dimensionar el problema que la digitalización pretende resolver.
La modernización no será suficiente si los procedimientos conservan requisitos innecesarios y únicamente trasladan a una pantalla los obstáculos que antes se encontraban en las ventanillas.
Cuatro de cada diez trámites presentan problemas
La ENCIG 2025 también muestra que el 40.8% de los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos realizados en Quintana Roo presentó algún problema.
Entre los casos con dificultades, el 74.6% estuvo relacionado con barreras para realizar las gestiones, como filas, traslados, requisitos excesivos, horarios restringidos y costos.
Esto demuestra que el desafío de la administración pública no se limita a incorporar tecnología, sino también a modificar procesos que continúan generando molestias, gastos y pérdida de tiempo para la población.
Digitalizar no es anunciar plataformas, sino resolver trámites
El Gobierno de Quintana Roo ha dado pasos institucionales para impulsar la transformación digital, pero los indicadores muestran que todavía falta convertir esa estrategia en resultados accesibles para la mayoría de los ciudadanos.
La creación de una agencia, la firma de convenios y el desarrollo de sistemas pueden ser instrumentos útiles, pero no constituyen por sí mismos una medida de éxito.
La verdadera evaluación comienza cuando una persona puede solicitar un documento, realizar un pago, obtener una autorización o concluir un procedimiento sin enfrentarse a requisitos duplicados, plataformas que no se comunican o visitas innecesarias a las oficinas.
Quintana Roo ya tiene una estrategia de transformación digital. Lo que falta demostrar es cuánto ha transformado realmente la vida de quienes necesitan realizar un trámite.
Porque la modernización gubernamental no debería medirse por el número de plataformas anunciadas, sino por la cantidad de ciudadanos que pueden resolver sus gestiones de manera sencilla, rápida y sin obstáculos.
