Mientras el costo de vida aumenta, trabajadores de base esperan una revisión de sus ingresos. El Gobierno de Mara Lezama tiene pendiente explicar su política salarial, mientras Paula Mendoza y Roberto Poot enfrentan cuestionamientos sobre los resultados de su representación sindical.
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— En Quintana Roo se habla de bienestar, justicia social y transformación, pero hay una pregunta que sigue esperando respuesta dentro de las propias oficinas del Gobierno del Estado: ¿cuándo llegará una mejora salarial que realmente permita a los trabajadores de base recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación?
Detrás de cada ventanilla, expediente, trámite y servicio público hay empleados que mantienen funcionando la administración estatal. Son trabajadores que, como cualquier familia quintanarroense, enfrentan el encarecimiento de alimentos, electricidad, transporte y otros gastos indispensables.
Sin embargo, mientras los precios aumentan, las demandas de una revisión salarial de fondo continúan siendo motivo de inconformidad.
No se trata de afirmar que nunca han existido incrementos. Los antecedentes oficiales muestran que sí los hubo. El problema es determinar si esos ajustes han sido suficientes, si alcanzaron a todos los niveles de la burocracia y, sobre todo, cuánto poder adquisitivo han perdido los trabajadores con el paso de los años.
Porque una cosa es anunciar aumentos y otra muy distinta conseguir que el salario alcance para vivir.
El rezago salarial no nació con Mara Lezama, pero tampoco puede seguir esperando
La situación tiene antecedentes que atraviesan distintas administraciones estatales.
Durante el gobierno de Carlos Joaquín González, en junio de 2019, se autorizó un incremento del 3% al sueldo de trabajadores de base de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de organismos descentralizados.
Aquel acuerdo también incluyó movimientos escalafonarios y modificaciones en determinadas prestaciones.
El dato es importante porque permite ubicar la discusión en sus verdaderos términos: el problema no es la inexistencia absoluta de ajustes salariales, sino la necesidad de evaluar su alcance y suficiencia frente al aumento acumulado del costo de vida.
Incluso para 2026 se anunciaron adecuaciones vinculadas al incremento del salario mínimo, con un impacto presupuestal estimado en 26 millones de pesos.
Pero esos ajustes no necesariamente representan una recuperación salarial general para toda la plantilla de base.
La pregunta que debe responder el Gobierno del Estado es cuánto han crecido realmente los ingresos de cada nivel laboral y cómo se comparan esos incrementos con la inflación acumulada.
La administración de Mara Lezama no creó por sí sola este problema, pero sí tiene la responsabilidad de atenderlo durante su gestión.
Y si el bienestar es uno de los principales compromisos de su gobierno, la revisión de los salarios de quienes trabajan para el propio Estado debería formar parte de esa discusión.
El SUTAGE cambió de dirigente, pero las exigencias permanecen
La representación sindical también tiene cuentas pendientes.
En octubre de 2024, Paula Guadalupe Mendoza Ramírez asumió la secretaría general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTAGE), después de más de 14 años de dirigencia de Roberto Leonardo Poot Vázquez.
El relevo no estuvo exento de inconformidad.
Trabajadores sindicalizados se manifestaron en Chetumal para cuestionar el procedimiento mediante el cual fue designada Mendoza Ramírez y exigir una elección con participación directa de los agremiados.
La controversia evidenció una fractura que iba más allá del cambio de nombres: una parte de la base trabajadora reclamaba mayor democracia, transparencia y capacidad de decisión dentro de su organización.
Dos años después, el tema central debería ser el resultado de esa renovación.
¿Qué avances salariales ha conseguido la nueva dirigencia? ¿Qué propuestas ha presentado al Gobierno del Estado? ¿Qué negociaciones están pendientes y qué información reciben los trabajadores sobre ellas?
La responsabilidad de Paula Mendoza no consiste únicamente en encabezar una organización sindical. También debe demostrar que su gestión produce resultados para quienes representa.
Roberto Poot dejó el SUTAGE, pero continúa en la estructura sindical
El papel de Roberto Poot tampoco puede quedar fuera de esta discusión.
Aunque dejó la secretaría general del SUTAGE en 2024, continúa identificado públicamente como dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (FSTSGE).
Su permanencia en la estructura sindical obliga a revisar el papel que ha desempeñado en las negociaciones salariales y en la representación de los trabajadores durante distintas administraciones.
De hecho, Poot participó en la firma del acuerdo salarial de 2019, cuando encabezaba la representación de la Federación.
Por ello, la discusión sobre los resultados de la gestión sindical no comienza ni termina con Paula Mendoza.
También corresponde preguntar qué ha conseguido la Federación durante estos años, cuáles han sido sus prioridades y qué resultados concretos puede acreditar ante sus agremiados.
Después de tantos años de representación, no basta con mantener presencia en reuniones oficiales o aparecer en fotografías con funcionarios.
La utilidad de una organización sindical debe medirse por su capacidad de defender derechos, negociar condiciones laborales y rendir cuentas a sus integrantes.
¿Hay dinero para todo, menos para mejorar los salarios?
Esta es una de las preguntas que el Gobierno del Estado debería responder con cifras.
Cada año se aprueban recursos para el funcionamiento de dependencias, contratación de servicios, programas públicos y remuneraciones de funcionarios.
La revisión salarial de los trabajadores de base también requiere recursos, pero su viabilidad debe analizarse con información presupuestal y no solamente con declaraciones generales.
¿Cuánto costaría un incremento del 3%, 5% o 10% para los distintos niveles de trabajadores? ¿Cuántos empleados serían beneficiados? ¿Qué partidas podrían utilizarse sin comprometer los servicios públicos?
Son cálculos que las autoridades pueden realizar y presentar.
También resulta indispensable conocer los tabuladores vigentes, distinguir entre sueldo base y prestaciones, y explicar los criterios utilizados para determinar los incrementos.
Sin esa información, la discusión salarial queda atrapada entre las demandas de los trabajadores y los argumentos presupuestales del gobierno.
Y mientras unos reclaman que el dinero ya no alcanza, otros siguen sin explicar con suficiente claridad cuáles son las posibilidades reales de mejorar sus ingresos.
La justicia laboral también debe llegar a las oficinas del Gobierno
El gobierno de Mara Lezama ha hecho del bienestar una parte central de su discurso público.
Pero el bienestar no debería limitarse a programas sociales, obras o anuncios institucionales.
También debe reflejarse en las condiciones de quienes sostienen diariamente la administración pública.
Eso exige abrir una discusión seria sobre salarios, prestaciones, escalafones y recuperación del poder adquisitivo.
A Paula Mendoza, como dirigente del SUTAGE, y a Roberto Poot, desde la Federación, les corresponde explicar qué están haciendo para conseguirlo.
Y al Gobierno del Estado le toca demostrar si existe voluntad para revisar los ingresos de su personal y establecer una política salarial que no dependa exclusivamente de ajustes ocasionales.
Porque el verdadero problema de la burocracia quintanarroense no es solamente cuánto gana hoy, sino cuánto ha dejado de poder comprar con ese salario.
Después de años de inconformidades, cambios de dirigencia y discursos sobre justicia social, los trabajadores tienen derecho a exigir resultados verificables.
No necesitan que les repitan que son importantes para el funcionamiento del gobierno.
Necesitan que esa importancia también se refleje en sus ingresos.
