Tulum, Quintana Roo. — Ciudadanos y turistas de Tulum han denunciado un incremento de detenciones vehiculares realizadas por elementos de la Policía Estatal, quienes presuntamente asumen funciones exclusivas de la Policía Municipal, generando inconformidad y preocupación por posibles abusos de autoridad y actos de extorsión.
Un residente local identificado como Rocky relató a este medio que, alrededor de la 1:26 de la madrugada, fue detenido sin justificación clara:
“Me acaban de parar. Los del estado y extralimitándose funciones de tránsito municipal. ¿Aquí quién es el mando superior de tránsito? ¿Y qué hacen los policías estatales parando a la gente?”
El denunciante detalló que, hacia las 3 a.m., en la colonia Ejido, varios agentes le cerraron el paso para cuestionarlo primero por una supuesta falla en un foco, después por circular en sentido contrario, y finalmente para revisar placas y número de serie del vehículo, cambiando repetidamente el motivo de la intervención.
“No pueden estar pidiendo que baje, mis papeles, o que revisen el vehículo si no tienen orden. No me quisieron dar su nombre ni vi el número de la patrulla”, señaló.
De acuerdo con el Reglamento Interior de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, artículo 2, la regulación y vigilancia del tránsito dentro del municipio corresponde exclusivamente a la autoridad municipal.
Asimismo, la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en su artículo 46, establece que la Policía Estatal solo puede realizar funciones de tránsito mediante convenio formal y en coordinación con los municipios. Actualmente, no existe evidencia pública de un acuerdo vigente que permita a la corporación estatal realizar este tipo de operativos de forma autónoma en Tulum.
Especialistas en derecho advierten que estas prácticas, sin justificación legal, podrían constituir abuso de autoridad e incluso derivar en actos de cohecho, afectando no solo los derechos de los automovilistas, sino también la imagen de Tulum como destino turístico seguro.
La ciudadanía exige que las autoridades aclaren si existe un convenio que respalde estas intervenciones y que se establezcan mecanismos claros de denuncia para evitar que estas prácticas continúen.
