En primera fila
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO
Que algún funcionario declare que el móvil de la reciente balacera en la Fiscalía de Cancún es de carácter político para desestabilizar al gobierno de Carlos Joaquín González y que la mejor prueba de ello fue el hallazgo de un arma “exclusiva” para uso del Ejército, es totalmente comprensible y justificable, ya que está en su papel de optar por la justificación más
Pero, caramba, que dicha conclusión surja de un análisis periodístico o tratar de convencer de que se trata de un razonamiento concluyente, eso sí que es verdaderamente preocupante, sobre todo porque para medio mundo es más razonable suponer que hoy en día cualquier organización del narcotráfico puede obtener un arma con esas características, y hasta más sofisticada.
Por si fuera poco, el argumento esbozado se ha venido por tierra ante la convicción cada vez más insistente en el sentido de que, “sospechosamente”, el arma hallada en el lugar de los hechos, y que, aparentemente, era de las tres únicas en Quintana Roo -en manos de escoltas del ex gobernador Roberto Borge-, se habría esfumado en forma por demás “misteriosa”, frente a las narices de la propia Fiscalía.
Más preocupante aun, resulta que quienes comulgan con esa teoría cierren los ojos ante la evidente realidad de que Cancún está en manos del narcotráfico y, lo que es peor, que funcionarios o ex funcionarios están metidos hasta el cuello en esa ilícita actividad, y que nuestras autoridades se han visto rebasadas -y algunas coludidas-, o bien carecen de capacidad para enfrentarlo.
Lamentablemente, y dígase lo que se diga, los agentes ministeriales o judiciales están más acostumbrados a los “tehuacanazos”, la tortura -como el multicitado caso de Héctor Cacique Fernández-, a las denuncias anónimas o bien, como recién anunció el flamante, nuevo Fiscal General, Miguel Ángel Pech Cen, a los testigos protegidos, Obvio, resulta más sencillo. No dan para más.
Mejor prueba de ello fue la liberación de los nueve detenidos por las balaceras de Cancún y Playa del Carmen -cuatro de ellos en la discoteca “Blue Parrot”-, a los que no pudieron fincarles tan sólo una presunta responsabilidad y, en virtud del nuevo sistema penal acusatorio, no pudieron retenerlos por más tiempo, como otrora ocurría, para arrancarles alguna “confesión”…, pero cero investigación.
¿Y qué podemos decir de la policía preventiva? Muy sencillo: Los agentes, esos agentes del gobierno del “ecologista” Remberto Estrada Barba, están más dedicados a la extorsión de automovilistas y “levantar” borrachos, que a vigilar para evitar la comisión de delitos o la venta de drogas entre taxistas o “narcotienditas”, donde prefieren sacar su “mochada” para evitarse problemas.
Luego entonces, ¿en manos de quién está el combate al narcotráfico? Lamentablemente, no podemos decir que en manos de la PGR, que nunca sabemos a qué se dedique realmente .excepto a decomisar mercancía “pirata”, ya que, en el mejor de los casos, trabajarán con tanto sigilo que sólo ellos y sus jefes saben en qué diantres andan.
¿Y qué decir de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Narcomenudeo Especializada en Narcomenudeo? Sólo se sabe que se creó en 2012, durante el periodo del hoy Notario Público -¿qué raro, verdad?- Gaspar Armando García Torres al frente de la Procuraduría de Justicia del Estado, y que su titular era la ex delegada de la PGR en Puebla, Marcela García Torres Vega.
Nos recuerda el tema de Leticia Rodríguez Lara (a) “Doña Lety” o “La 40”, quien también procedía de la PGR y terminó encabezando uno de los carteles de la droga en Cancún, aunque ya abundaremos sobre ella en nueva columna, aunque el caso es que de la citada Fiscalía ya sólo se hablaba de esporádicas detenciones de pequeños consumidores, y párele de contar. Lo demás son denuncias en su contra.
Lo cierto es que, el narcotráfico de Cancún, como decía el colega Julián Santiesteban respecto a la seguridad, es una asignatura pendiente en Quintana Roo, ya que el tema resulta cada vez más complicado, lo que justifica la preocupación de las autoridades por su eventual efecto en la actividad turística que, al menos hasta ahora, no se ha reflejado en el exterior.
Y conste que es un renglón tan complicado, que la plaza, que tan buenos dividendos arroja a los carteles, ha comenzado a extenderse a la Zona Sur y a involucrar a yucatecos ¡y canadienses!, según se puso de manifiesto el 27 de enero, cuando la policía de esa entidad detuvo a tres sujetos armados con chaleco antibalas y pasamontañas en un puesto de revisión y control a la entrada de Tizimín.
Viajaban en una camioneta Toyota Hilux con una placa de Yucatán, la posterior, uno de ellos el ganadero chiapaneco Roberto Nájera Gutiérrez (a) “El Nájera”, de 29 años de edad, presunto jefe de una célula del Cártel de Sinaloa en Cancún, y portaban cinco armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
También fueron detenidos el yucateco Miguel Ángel Rodríguez Ramírez (23 años) y el mexicano con domicilio en Canadá Romeo Orantes Gómez (35 años), quienes, además de las armas, portaban 65 cartuchos útiles de diferentes calibres, dos chalecos tácticos y un pasamontañas.
Ninguno dijo que hacía en Yucatán, pero operaban en Quintana Roo y volvían a refugiarse, al menos Nájera en los últimos años, pues aunque posee un rancho cerca de Buctzotz, fue detenido en 2013 en ese Estado.
Presuntamente se dedicaba a “lavar” dinero del cartel de Sinaloa, para lo cual adquirió varios ranchos en la Península, aunque llevaba una vida de “bajo perfil” en Bacalar y viajaba esporádicamente a Yucatán para esconderse.
Ahora bien, respecto al arma hallada y aparentemente “extraviada” en la Fiscalía de Cancún, se trata de una “P90”, supuestamente en manos de escoltas de Borge Angulo, de fabricación belga y uso exclusivo de la OTAN, en Europa, con capacidad de destrozar chalecos antibalas y concreto.
El 18 de enero, un día después del ataque armado a la Fiscalía de Cancún, se recuperó esa “P90”, que entró en servicio en 1994 para retroceso de masas con modos de disparo automático y semiautomático, con selector de disparo ambidiestro, empuñadura ergonómica y eyección de vainas hacia abajo.
Se diseñó con novedosa configuración tipo bullet, con cargador transparente de 50 cartuchos. La rampa circular bajo el cargador alinea cada cartucho con la recámara, diseño que la hace muy compacta y maniobrable, mientras que el cargador de polímero translúcido facilita la rápida comprobación de la munición disponible.
En 1997, el Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano las usó en combate durante la Operación Chavín de Huantar, el rescate de rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima. La operación resultó exitosa, pues fueron eliminados 14 guerrilleros del grupo MRTA y se liberaron 71 rehenes, pese a que los terroristas estaban equipados con chalecos antibalas, pero los perforaron las “P90” de las Fuerzas Especiales peruanas.
En 2011, las fuerzas del dictador libio Muamar Gadaffi las utilizó en la guerra civil, donde algunos de ellos fueron aseguradas y usadas por las fuerzas rebeldes libias.
Con todo, caray, sólo nos hablan de la eficacia de esas armas, pero nada nos asegura que sólo podrían estar en manos de tres “privilegiados” escoltas de un exgobernador, cuando que, sabemos, el crimen organizado tiene equipo tan sofisticado, que para nadie es un secreto que, inclusive, ha derribado, hasta dos helicópteros militares en Michoacán y Jalisco.
