Todos los días nos enteramos de empresas fantasma o sociedades fantasma que firman contratos con gobiernos, y cuyos accionistas viven en un predio cerrado o son personas que no tienen nada que ver con el giro o están fallecidas o cualquier cosa parecida, y es urgente detener esto, indicó la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama.
—Estas sociedades se utilizan para cometer delitos, para evadir la ley —precisó—, y aunque algunas se crean así desde el principio, en muchas otras ocasiones los accionistas de empresas no necesariamente fantasmas venden o traspasan sus acciones a otras personas, que después las utilizan para fines ilegales.
—Por ello —indicó la legisladora federal—, en el Senado acabamos de modificar los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
—Estos cambios obligarán a registrarse ante la Secretaría de Economía todos los cambios de propiedad de las acciones mercantiles, de modo que en cualquier momento se pueda saber quiénes son los accionistas de una sociedad.
—Los cambios se van a registrar obligatoriamente, pero la información no estará a la vista del público, es decir, no se perderá el carácter anónimo de las sociedades anónimas. Sin embargo, las autoridades que realizan este tipo de investigaciones podrá ahora tener acceso a esa información.
La senadora Díaz Lizama explicó que en la mayoría de los países ya existe la posibilidad de saber quiénes son los accionistas de una sociedad anónima y reiteró que se trata de una recomendación para combatir el lavado de dinero.
—Así, por ejemplo —continúo—, si una sociedad fantasma tiene un contrato con el gobierno, las autoridades ya podrán saber quiénes son los accionistas y actuar en contra de ellos.
