Chetumal.- Los constructores de Quintana Roo han sido enfáticos al levantar desesperadamente la voz y acusar a las dependencias estatales del gobierno de Carlos Joaquín que ejecutan obra pública, de favorecer a empresas foráneas en la contratación de proyectos de infraestructura.
Sin embargo, “oídos sordos” ha aplicado el Ejecutivo del Estado al permitir que los miembros de su gabinete dañen con sus acciones a los empresarios locales, dificultando así la reactivación económica que tanto urge en Quintana Roo, especialmente en la Zona Sur, quienes sufren con más fuerza el embate de la crisis que azota a este sector constructivo.
La semana pasada William Conrado Alarcón, Secretario de Obras Públicas en la Entidad, otorgó un contrato a la empresa yucateca con el nombre comercial “EDIFICTUN S.A. de C.V., por un monto de $44 millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos treinta y ocho pesos 54/100 M.N. para la “Ampliación de la Av. Isla Cancún entre Av. Calzada Veracruz y Av. Andrés Quintana Roo en la ciudad de Chetumal”.
De acuerdo al Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación pública nacional No. LO-923014999-E2-2020, se inscribieron un total de 13 empresas participantes, entre estas 12 locales y solamente “EDIFICTUN S.A. de C.V. fue la empresa foránea, quien finalmente fue la designada por Conrado Alarcón como la “ganadora”.
Sin considerar la difícil situación económica que atraviesan los constructores del Sur, donde muchas empresas están al borde de una quiebra financiera y otras tantas han cerrado definitivamente, el titular de la SEOP asignó esta importante a una empresa originaria de Yucatán, despreciando a los locales.
Se ha filtrado información extraoficial al interior de la dependencia que la obra fue otorgada a cambio de un millonario porcentaje de “comisión” de por lo menos 10 millones de pesos. Asimismo, se comenta que se otorgó a la empresa un adelanto del 25 por ciento del monto del proyecto.
Además, se tiene documentado que “EDIFICTUN” S.A. de C.V. es una empresa que carece de buena reputación al realizar pésimos trabajos en otros estados, como por ejemplo en Baja California, donde ha obtenido “jugosos” contratos y que mediante la subcontratación y falta de una buena supervisión ha entregado obras de pésima calidad.
Esta empresa con domicilio en la calle 60 diagonal No. 483, Parque Industrial, en Mérida, cuyo representante es Víctor Hugo Torres Toraño, también fue favorecida en 2017 por el Gobierno Municipal de Solidaridad durante la gestión de Cristina Torres Gómez, con un contrato para la “Reparación del Alumbrado Público de la Carretera Federal Playa del Carmen (KM. 293) a Puerto Morelos (KM. 315) en Playa del Carmen, por la cantidad de $ 8 millones 792 mil 963. 91 pesos, cuando William Conrado Alarcón fungía como Director General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medioambiente en el Ayuntamiento de Solidaridad.
Al parecer este constructor yucateco figura tiempo atrás como un “consentido” del actual Secretario de Obras Públicas (SEOP),quien con acciones como las que se abordan en estas líneas es que termina por dar tremenda “estocada” a los empresarios locales.
Bien valdría la pena conocer cuál es la postura de los dirigentes que están al frente de los órganos que representan a los constructores en el Estado; tanto la CMIC y de la AMIC, respecto a estos atropellos que afectan a sus representados.
Puesto que, mientras gran cantidad de las MIPyMES que se dedican a la construcción en el Sur del Estado esperan ansiosos que se dé un trato preferencial al mercado local, Conrado Alarcón “si ayuda”, pero a los que no son de casa.
