A punto de convertirse en patrimonio histórico de la delegación en Quintana Roo.
Chetumal.- Una vez más la falta de información y las mentiras de la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo, Adriana Velázquez Morlet quedaron al evidencia luego de dar a conocer que presentarán una controversia constitucional por el cobro que llamó indebido de derechos por el uso de las unidades de servicio que instale la Secretaría de Turismo del Estado; esto porque ella sabía con exactitud la implementación de dicho arancel y además que no será aplicado a la tarifa de ingreso a los 12 sitios arqueológicos de la entidad.
Datos señalan que la delegada del INAH en la entidad, Adriana Velázquez Morlet antes de presentarse esta iniciativa al congreso local, estuvo presente en una reunión con autoridades de la Secretaría de Planeación y Finanzas donde le dieron a conocer el cobro de este derecho y le fue explicado que no tendría repercusión con el cobro de ingreso a las zonas arqueológicas y le fue reiterado que los legisladores de la XIV Legislatura (no los de la XIII Legislatura como lo informó) no tienen facultad para interferir en las tarifas porque es del índole federal.
Otra de las mentiras que quedó al descubierto de la delega del INAH, tras información obtenida en la página oficial del congreso local, es lo marcado en el Decreto 57 publicado a finales del año pasado en el capítulo XXXIII Artículo 207-Z que señala que los cobros por este derecho van de entre 0.29 a los 0.47 del salario mínimo vigente y no los 18 a 30 pesos que dice aplicarían a las tarifas de ingreso. Estos cobros serían en caso de uso de instalaciones cercanas a las zonas arqueológicas y no dentro de ellas.
Además, al tratar de confundir a la opinión pública al asegurar que presentarían un recurso legal contra este derecho con el fin de derogarlo; no dijo que luego de haber sido aprobado el cobro de este derecho el 4 de diciembre del 2013, o en su caso una vez que inicien el cobro del mismo a partir del 1 de enero del presente año, tenía un plazo de hasta 30 días para presentar alguna acción legal, por ende el tiempo feneció.
Es así como las mentiras y engaños de Adriana Velázquez Morlet en su afán de perpetuarse en la delegación del INAH en Quintana Roo quedan en evidencia una vez más, además de mostrar su total ignorancia legal; porque además de haber tenido conocimiento ella y su directora jurídica del cobro de este derecho, sabe perfectamente que no afecta las tarifas además de no tener respaldo legal para algún tipo de controversia.
Esta no es la primera ocasión que la delegada del INAH, está envuelta en acciones mediáticas con el fin de afectar para controlar el ingreso a las zonas arqueológicas del estado y que afectan la llegada de visitantes, además de haber sido señalada en reiteradas ocasiones de malos manejos en la delegación a su cargo para obtener recursos que no se sabe a ciencia cierta dónde van a parar, pero es claro que para la investigación y restauración de los vestigio no.
