Por Redacción El Punto Sobre la i
Chetumal.— El desabasto de gasolina que comenzó a sentirse con fuerza en Chetumal este martes empezó a extenderse a otros municipios del estado.
Gasolineras cerradas, largas filas y estaciones que solo aceptan pagos en efectivo son ya señales visibles de una crisis de combustible que, según fuentes del sector, tiene su origen en el huachicol fiscal y en la concentración del mercado gasolinero en pocas manos.
El poder detrás del combustible
De acuerdo con diversas investigaciones y reportes de medios nacionales, Ricardo Antonio Vega Serrador, empresario identificado como uno de los principales operadores del grupo Corpogas, controla al menos 163 estaciones de servicio distribuidas en Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México.
En la entidad, su red abarca puntos estratégicos en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Chetumal, lo que le da un control dominante sobre la distribución y comercialización de gasolina.
Vega Serrador fue investigado por la PGR en 2014 por presunto lavado de dinero y señalado por mantener vínculos con redes empresariales vinculadas a gobiernos anteriores. Hoy, su nombre vuelve a aparecer ligado a un mercado opaco y altamente concentrado, en el que pocos jugadores determinan el flujo del combustible en la región.
Desabasto visible y efecto dominó
El desabasto actual es más severo en Chetumal, donde varias estaciones ya agotaron su inventario o trabajan con restricciones.
En Playa del Carmen, Cancún y Tulum, se reportan retrasos en el suministro y advertencias de que la situación podría intensificarse en las próximas horas, conforme se agoten las reservas locales.
Fuentes del sector energético explican que el problema no es técnico, sino consecuencia directa de auditorías y bloqueos fiscales a distribuidores señalados por evasión o facturación irregular, lo que ha cortado temporalmente el abasto de combustible a múltiples gasolineras dependientes de esas redes.
Silencio oficial y costo ciudadano
Hasta ahora, ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ni la Secretaría de Energía (Sener) han emitido una postura sobre la crisis.
Tampoco hay claridad por parte del Gobierno del Estado, lo que deja a los ciudadanos en incertidumbre frente a un problema que afecta la movilidad, el transporte público, el abasto de mercancías y la vida económica en general.
La falta de transparencia alimenta la desconfianza. Si el desabasto es consecuencia de un operativo federal contra el huachicol fiscal, debe explicarse abiertamente. Si, en cambio, es producto de una presión empresarial o de un monopolio en crisis, el Estado tiene la obligación de intervenir con firmeza.
El combustible del poder
Lo que hoy ocurre en Chetumal podría ser apenas el inicio de una crisis energética por concentración y corrupción.
El llamado “huachicol fiscal” —ese que no se roba con mangueras, sino con facturas— vuelve a exhibir el rostro empresarial de la impunidad en Quintana Roo.
Mientras tanto, el ciudadano común, que paga más caro y espera más tiempo, vuelve a ser el que carga con el costo de un modelo donde el negocio de la gasolina sigue siendo tan rentable como intocable.
