Quintana Roo.— El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano lanzó una advertencia contundente al gobierno estatal al señalar que la propuesta para incrementar 25% el cobro del VISITAX y convertir a los hoteles y prestadores de servicios turísticos en retenedores obligados del derecho “amenaza la competitividad, la certidumbre jurídica y la experiencia del visitante”.
De acuerdo con el organismo, que agrupa a los principales hoteles del destino, la iniciativa vulnera principios constitucionales, genera cargas operativas imposibles de solventar y contradice el espíritu del Plan México, el programa federal que busca fortalecer la percepción y atractivo turístico del país.
Aumento al VISITAX desalienta la llegada de turistas
El Consejo advirtió que, mientras otros países han reducido impuestos para atraer más visitantes, Quintana Roo pretende elevar el costo de viaje en una región donde la demanda es “altamente sensible a incrementos”.
“El nuevo esquema encarece injustificadamente la visita y deteriora la experiencia del viajero”, señalaron.
En destinos como Bacalar o Chetumal —agregaron—, el cobro del VISITAX para una pareja puede equivaler “a casi una noche completa de hospedaje”, afectando especialmente a hoteles accesibles y negocios familiares.
Imposible de implementar, afirman
El gremio explicó que la medida es operativamente inviable para los hoteles, cuyos contratos y tarifas se negocian con meses de anticipación a nivel internacional.
“Los establecimientos no pueden trasladar este cargo a tarifas ya firmadas. Dispersar la recaudación entre miles de prestadores solo multiplica riesgos, confusiones y cobros indebidos”, advirtieron.
El resultado, según el sector, no será mayor recaudación sino “afectaciones operativas inmediatas”.
Posible inconstitucionalidad
El Consejo Hotelero recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la responsabilidad solidaria solo puede imponerse cuando existe una relación directa con el hecho imponible.
“Pretender que los hoteles recauden un impuesto por el uso de infraestructura pública es una delegación indebida de atribuciones del Estado y, por ende, inconstitucional”, afirmó el organismo.
Afectación al modelo multidestino
El Caribe Mexicano se ha posicionado como un territorio multidestino —Cancún, Riviera Maya, Tulum, Bacalar, Costa Maya y Chetumal—, por lo que elevar costos de movilidad perjudicaría a todo el ecosistema turístico.
“El aumento erosiona incentivos para invertir y limita el flujo de visitantes entre regiones del estado”, aseguraron.
Llamado al diálogo
El Consejo Hotelero sostuvo que el sector está comprometido con Quintana Roo, pero no a costa de perder competitividad.
“Reiteramos nuestro llamado urgente a las autoridades a reconsiderar esta iniciativa. No fortalece las finanzas públicas ni promueve el turismo, como instruye el Plan México”, concluyeron.
La iniciativa continúa en análisis legislativo, mientras empresarios, inversionistas y organismos del sector exigen un diálogo amplio antes de aprobar cualquier modificación que impacte al principal motor económico del estado.
