José María Morelos. – Un presunto caso de allanamiento ilegal por parte de elementos de la Policía Municipal ha generado indignación en la cabecera municipal, luego de que un ciudadano denunciara que agentes armados irrumpieron en su vivienda durante la madrugada del sábado sin orden judicial y utilizando exceso de fuerza.
El denunciante, Lázaro Benítez, relató que el operativo ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, cuando varios uniformados forzaron la entrada de su casa para detener a su hijo, quien momentos antes había protagonizado un altercado en la vía pública en estado de ebriedad.
“Entraron sin permiso, rompieron la puerta y se metieron hasta la cocina. No había motivo ni orden de cateo”, denunció visiblemente molesto.
Amenazas y uso excesivo de la fuerza
Benítez señaló que al intentar reclamar por la irrupción, uno de los agentes lo amenazó con detenerlo también si continuaba protestando.
“Me dijeron que si seguía hablando, me llevarían. Les dije que no tenían derecho, que eso es un delito”, narró.
El ciudadano acusó a los policías de actuar con abuso de autoridad y violencia innecesaria, pues —según dijo— no había justificación legal para ingresar a su domicilio.
“Si se tratara de un delincuente peligroso, lo entendería. Pero por un joven borracho, no es razón para entrar a una casa ajena”, afirmó.
Piden investigación y sanciones
El afectado detalló que los agentes viajaban en las patrullas con número económico 010 y 110, y exigió que el caso sea investigado por el presidente municipal y el director de Seguridad Pública.
“Quiero que esto llegue a las autoridades. No pueden seguir violando los derechos de la gente pobre”, reclamó.
Benítez advirtió que este tipo de actuaciones siembran miedo entre la población, al demostrar que cualquiera puede ser víctima de un abuso similar. Hasta el cierre de esta edición, la corporación policial no había emitido una postura oficial sobre los hechos denunciados.
Organizaciones civiles y abogados locales señalaron que, de comprobarse la falta de orden judicial y el uso excesivo de la fuerza, los agentes involucrados podrían enfrentar procesos administrativos y penales por violación a los derechos humanos, abuso de autoridad y allanamiento de morada.
