Por: Imelda Hernández.
Chetumal.- El consejero jurídico del Poder Ejecutivo en Quintana Roo, Raúl Labastida Mendoza presume que “intereses oscuros” tratan de evitar la asignación de un terreno a las poco más de 40 familias que fueron desalojadas de la comunidad de San Isidro Aguas Amargas por autoridades campechanas, bajo el argumento de estar invadiendo la reserva ecológica de Calakmul, patrimonio de la humanidad.
Explicó que desde el pasado 26 de Febrero del presente año, unas 40 familias fueron desalojadas de la comunidad de San Isidro Aguas Amargas, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco por autoridades campechanas, bajo el argumento de invadir una zona protegida.
Cabe señalar que el Gobierno del Estado se dio a la tarea de apoyarlos, debido a que fueron destruidas en su totalidad sus humildes viviendas en las que habitaban por más de 20 años.
Agregó que con anuencia de legítimos propietarios de un rancho denominado “los pericos” que se ubica en los límites entre Chetumal y Calderitas, se les dio cobijo a estas familias para que se instalen ahí, construir viviendas rusticas, en tanto se determina la situación legal de la tenencia de la tierra entre los Estados de Campeche y Quintana Roo, además de que también se les ofreció quedarse a vivir en este lugar.
Pero lamentablemente intereses oscuros, de gentes sin escrúpulos, están buscando a toda forma de quedarse con esta propiedad, 
bajo el argumento de que son posesionarios de los mismos desde hace varios años, motivo por el cual se le pidió a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) federal y estatal, determinar la situación legal del rancho “los pericos” en donde se encuentran asentadas momentáneamente familias desalojadas de San Isidro Aguas Amargas.
Cabe mencionar que una de las personas que está directamente involucrada en desalojar a estas familias es el ex-presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, Enrique Mora Castillo, actual catedrático de la Universidad de Quintana Roo (UQROO), quien junto con otros ex-funcionarios pretende apoderarse del rancho “los pericos” en la que se encuentra las 40 familias desalojadas de la comunidad de San Isidro Aguas Amargas, límite territorial entre Campeche y Quintana Roo.
