Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— La baja rentabilidad del campo de Quintana Roo no parece ser solamente un problema de semillas. Los propios diagnósticos gubernamentales reconocen rezagos relacionados con la tecnificación, las condiciones del suelo, el acceso a insumos y la capacidad productiva del sector.
Quintana Roo mantiene miles de hectáreas destinadas al cultivo de maíz, pero el tamaño de la superficie sembrada contrasta con el volumen obtenido. El problema no es únicamente cuánto se siembra, sino cuánto produce cada hectárea y qué tan rentable resulta esa producción para las familias campesinas.
En el marco del Día Nacional del Maíz, los datos disponibles para 2023 muestran 59 mil 522 hectáreas destinadas al maíz grano y una producción de 78 mil 590 toneladas.
La relación entre ambas cifras arroja un rendimiento promedio de aproximadamente 1.32 toneladas por hectárea.
La mayor parte de la producción se concentra en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco, municipios donde el maíz continúa formando parte importante de la actividad productiva de numerosas comunidades rurales.
El dato cobra mayor relevancia frente a los diagnósticos oficiales sobre las condiciones que enfrenta el campo quintanarroense: baja productividad, limitada tecnificación, problemas relacionados con la fertilidad de los suelos, insuficiente desarrollo agroindustrial y necesidad de mejorar los insumos utilizados por los productores.
Es decir, el problema está identificado y tiene una dimensión mucho mayor que la disponibilidad de semilla.
Semillas sí, pero falta medir los resultados
Durante los últimos años, el Gobierno del Estado ha mantenido la distribución de semillas mejoradas como una de las herramientas para impulsar la producción.
En mayo de 2025, el Gobierno de Quintana Roo entregó oficialmente 70 toneladas de semilla mejorada de maíz para casi mil 700 familias de 149 comunidades de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos.
La administración estatal destacó entonces que la entrega se realizó de acuerdo con los tiempos requeridos por el ciclo de siembra y la presentó como una medida para fortalecer la actividad agrícola y la seguridad alimentaria.
Sin embargo, existe un indicador fundamental que debe acompañar a las cifras sobre apoyos entregados: el rendimiento obtenido después de la aplicación de esos programas.
Contabilizar toneladas de semilla, número de beneficiarios y comunidades atendidas permite conocer el alcance administrativo de una política pública, pero no basta para determinar su impacto productivo.
Un productor puede recibir semilla mejorada y continuar dependiendo de las lluvias; trabajar terrenos con problemas de fertilidad; carecer de maquinaria; enfrentar dificultades para acceder a fertilizantes y otros insumos; sufrir periodos de sequía o exceso de humedad y, finalmente, comercializar su cosecha a precios que no necesariamente compensan sus costos.
Por ello, evaluar la política agrícola requiere observar no solamente cuánto apoyo se entrega, sino qué sucede después en las parcelas.
El dato que falta: cuánto produce ahora cada hectárea
Si en 2023 Quintana Roo obtuvo aproximadamente 1.32 toneladas de maíz por hectárea, el indicador que permitiría conocer el efecto de las políticas posteriores sería determinar cuánto produjo cada hectárea en 2024, 2025 y 2026.
La evaluación tendría que cruzar al menos seis variables: superficie sembrada, superficie cosechada, toneladas producidas, rendimiento por hectárea, costo de producción y precio recibido por el agricultor.
A ello debería agregarse cuánto dinero público se ha destinado cada año a semillas, maquinaria, fertilizantes, infraestructura y asistencia técnica.
El desafío del campo quintanarroense, por tanto, no consiste únicamente en sembrar más hectáreas o entregar más costales de semilla, sino en conseguir que cada hectárea produzca más y que ese incremento represente mejores ingresos para quienes trabajan la tierra.
