La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso en la mira al Gobierno de Quintana Roo, específicamente al Gobernador Carlos Joaquín González, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio León y Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado.
El motivo una queja interpuesta por ciudadanos del municipio de Solidaridad, en donde se acusa a esos tres funcionarios públicos de Quintana Roo de violentar el derecho humano a la democracia, después de las elecciones locales del pasado domingo 6 de junio.
“La CNDH exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal, presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Fiscal General del estado de Quintana Roo, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la democracia, que implica el respeto al voto y el derecho a tener elecciones auténticas, que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores de la comunidad del municipio de Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo”, mencionó el comunicado circulado por el organismo nacional.
La CNDH aclara que el llamado obedece a una petición de ciudadanas y ciudadanos que acudieron a “exponer diversos hechos que atribuyen al titular del Ejecutivo Estatal, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal General del estado de Quintana Roo con motivo de los procesos electorales del 6 de junio de 2021”.
El organismo recordó que el Estado Mexicano aprobó la Carta Democrática Interamericana, donde reconoce que sus ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a la democracia, y para ello es obligación promoverla y defenderla, garantizando su desarrollo en contextos libres de violencia.
“Sin prejuzgar sobre la veracidad de lo expuesto, se exhorta con el respeto debido a las autoridades competentes a que se investiguen los hechos con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género”, destacó la CNDH.
Después de las elecciones realizadas el domingo 6 de junio, los ánimos en el municipio de Solidaridad, específicamente en la zona donde se encuentra el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Quintana Roo, se han calentado por la presencia de al menos tres corporaciones de seguridad.
En el sitio se encuentra la Policía Quintana Roo, encargada de la seguridad de las instalaciones y la custodia de los paquetes electorales, que serán sometidas al cómputo oficial, durante este domingo 13 de junio.
Sin embargo, también se han dejado llegar funcionarios policiacos afines a la actual administración municipal de Solidaridad, incluso, esta semana, representantes del Consejo Municipal Electoral interpusieron una denuncia penal en contra de un alto funcionario policiaco del Ayuntamiento.
Ante la descoordinación, en las policías estatal y municipal, supuestamente integradas en un mando único, en la zona también se encuentra la Guardia Nacional, a petición del Consejo Municipal Electoral.
Los resultados del PREP dan una ventaja a Lilí Campos Miranda, la funcionaria más cercana al gobernador Carlos Joaquín González, sin embargo, la actual presidenta municipal Laura Beristaín Navarrete, asegura que hubo alteraciones en las actas del PREP.