La ex alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino, acusó hoy al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, de haberla obligado, presuntamente, a presentar su renuncia al cargo, meses atrás.
Detenida hoy, por instrucción de un juez primero de lo penal, la ex edil, responsabilizó también a Borge Angulo de ser quien supuestamente orquestó su aprehensión esta mañana, detención que calificó como un secuestro.
«Yo no he robado ni desviado recursos, no he hecho nada (…) El señor (Roberto Borge) me obligó a renunciar, me hicieron la renuncia, me tuvieron en un lugar a fuerza para renunciar. A la semana de que sucede eso, endeudan al municipio con 30 millones de pesos, cuando yo tenía finanzas sanas», expresó.
La inculpada fue entrevistada vía telefónica, mientras se encontraba encerrada en su camioneta, de la que se negó a salir, hasta que la ingresaron a la prisión y quedó incomunicada.
El vehículo fue remolcado a la cárcel por una grúa, desde el retén entre Tulum y Playa del Carmen, en donde la ex edil fue interceptada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y luego por agentes de la Policía Judicial estatal.
«Esto fue un secuestro, esa es la palabra correcta. Iba yo cruzando de la ciudad de Tulum a Cancún, en el primer filtro de Playa del Carmen, me detuvieron elementos de Seguridad Pública del estado; aunado de que me paré, me rodearon elementos de la Policía Judicial del estado, se me pusieron dos vehículos, uno atrás, otro adelante, con dos camionetas con elementos de Seguridad Pública del estado», narró.
La ex alcaldesa se negó a bajar del vehículo porque -dijo- no le fue mostrada una orden de aprehensión. Ante la medida, se recurrió a una grúa para conducirla a la cárcel.
Por separado, el titular de la Procuraduría de Justicia del estado, Armando García Torres, afirmó que la detención de Mendoza Pino obedeció estrictamente al cumplimiento de la orden de aprehensión dictada por el juez Primero de lo Penal de Playa del Carmen, «por desempeño irregular de la función pública» a cargo de la ex edil, específicamente por el presunto desvío de recursos públicos.
«Es por situaciones de desvío de recursos provenientes del erario público en razón de dos vertientes, en este caso por extensiones en el pago de impuestos directamente realizados por ella como presidenta, que superan el monto de los 21 millones de pesos y también por llevar a cabo obra pública sin licitación, que también es un monto similar a los 21 millones de pesos», informó.
En conferencia de prensa, detalló que lo anterior fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado y la Causa Penal es la 332/2012, que incluye documentación que acredita lo denunciado.
«La Auditoría presentó la denuncia correspondiente la cual en su oportunidad fue consignada al juzgado; en razón de la circunscripción se consigna a Playa del Carmen, que es el Distrito más cercano y de ahí el Juez consideró que había los elementos para proceder y emitir una orden de aprehensión que hoy fue cumplida», ahondó.
