TULUM, Quintana Roo.— A siete meses de haber recibido una tarjeta del programa de apoyo del Bienestar, Franklin, un niño de ocho años con discapacidad visual que vive en Tulum, continúa sin recibir los recursos económicos que, de acuerdo con su madre, le fueron autorizados como parte de la asistencia gubernamental destinada a menores en condición vulnerable.
Según relató Anahí, madre del menor, desde la entrega de la tarjeta no se ha reflejado ningún depósito, situación que ha complicado la atención de necesidades básicas relacionadas con la educación y desarrollo de su hijo, entre ellas materiales especializados en sistema braille, terapias y otros gastos indispensables para su aprendizaje.
La mujer explicó que durante los últimos meses ha acudido en diversas ocasiones a solicitar información sobre el estatus del apoyo; sin embargo, aseguró que no ha recibido una respuesta clara ni una solución definitiva por parte de las autoridades responsables.
“Solo nos dicen que esperemos o que volvamos después para revisar el trámite”, comentó.
Franklin perdió la vista a temprana edad y actualmente busca aprender a leer y escribir mediante el sistema braille. Su madre señaló que uno de los principales obstáculos que enfrentan es la falta de acceso a libros especializados y a personal capacitado que pueda enseñarle este método de lectura, considerado fundamental para su formación académica.
La familia sostiene que el retraso en la entrega del apoyo económico ha impactado directamente en las oportunidades educativas y de desarrollo del menor, por lo que hizo un llamado a las autoridades encargadas de los programas sociales para revisar el caso y garantizar que los beneficios destinados a niños con discapacidad lleguen de manera oportuna.
Mientras espera una respuesta oficial, Franklin continúa esforzándose por avanzar en sus estudios y aprender nuevas herramientas para su vida diaria, mientras su familia insiste en que se cumpla el apoyo que, asegura, fue autorizado desde hace más de siete meses y que hasta ahora no se ha reflejado en la tarjeta entregada por el programa social.
El caso vuelve a evidenciar las dificultades que enfrentan familias en condición vulnerable para acceder a apoyos públicos, particularmente cuando se trata de menores con discapacidad que requieren atención especializada y recursos permanentes para garantizar su inclusión educativa y social.
