Por Herlindo Vázquez
Chetumal.-Los amparos del ex secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina, y la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, dejaron de surtir efecto.
Asimismo, el Juzgado IV de Distrito negó el amparo a la defensa del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, contra el aseguramiento de 25 inmuebles presuntamente vendidos de manera ilegal antes de finalizar su gestión.
En el primer caso, tales funcionarios están en condiciones de ser aprehendidos por las autoridades ministeriales.
Pues el órgano jurisdiccional determinó que las suspensiones definitivas dejaron de surtir efecto, debido a que no presentaron las garantías que fundasen las medidas precautorias.
En otro contexto, el Juzgado IV de Distrito en Quintana Roo negó el amparo que se promovió contra el aseguramiento de 25 terrenos vendidos irregularmente por el Instituto de Patrimonio Inmobiliario (IPAE) durante la gestión de Borge Angulo.
Los inmuebles fueron vendidos por el IPAE a personas cercanas al ex gobernador de Quintana Roo asegurados en febrero del año pasado por la Procuraduría General de la República (PGR), para frenar las ventas irregulares.
Esas acciones son parte del proceso judicial de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La enajenación fue ilegal pues no cumplió con lo que establecía la Ley de Patrimonio del Estado.
El valor comercial excede los cinco mil millones de pesos pero fueron vendidos a menos del seis por ciento de su valor real.
Además se realizaron contratos con cláusulas de confidencialidad, las cuales están prohibidas en las transacciones inmobiliarias, de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
