José María Morelos, Quintana Roo. La marginación histórica que enfrenta la Zona Maya de Quintana Roo se extiende más allá de las carencias materiales, alcanzando también el ámbito de los derechos humanos. Así lo denunció David Gómez Tox, presidente del Frente Cívico Quintanarroense, al advertir sobre la ausencia de una representación efectiva de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEQROO) en José María Morelos.
Esta crítica se suma a señalamientos previos sobre la práctica inexistencia de la CDHEQROO en este municipio maya. El visitador asignado, Charlied Juárez Garduño, despacha desde Felipe Carrillo Puerto y no atiende de manera regular los asuntos locales, lo que ha creado un preocupante vacío institucional.
“Debe haber una representación funcional en nuestra zona, dado que hay temas de carácter indígena que deben ventilarse, resolverse o recibir respuesta adecuada. La atención no puede seguir centralizada en la capital del estado o en el norte”, expresó Gómez Tox. Calificó la situación de grave para los habitantes de José María Morelos, quienes carecen de atención cercana y oportuna en materia de derechos humanos.
Doble Vulnerabilidad para la Población
Además de esta omisión en derechos humanos, el activista señaló que tampoco existen mecanismos locales de defensa del consumidor. Esto deja a la población en una doble vulnerabilidad: sin herramientas para reclamar abusos comerciales y sin una institución presente que haga valer sus derechos fundamentales. “No solo los consumidores están a merced de los abusos, sino que, por ser personas, no tienen a dónde acudir”, afirmó tajantemente.
La propuesta del Frente Cívico Quintanarroense es clara: instalar una oficina funcional de la CDHEQROO en José María Morelos, con personal calificado y recursos suficientes para brindar atención directa a las problemáticas de la región. “La Zona Maya necesita atención, necesita inversión en infraestructura institucional, porque nuestras necesidades también merecen una respuesta eficaz”, concluyó David Gómez Tox.
Mientras tanto, los derechos humanos en esta parte del estado continúan dependiendo del desplazamiento forzoso de los ciudadanos hacia otras ciudades para ser escuchados. Una paradoja dolorosa en una región donde la justicia, al igual que muchos otros servicios, parece estar siempre a kilómetros de distancia.
