El próximo 9 de febrero de 2022, la SCJN someterá a votación el amparo directo en revisión turnado al Ministro Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, en relación con el caso de José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza, antiguos integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN).
Organizaciones acompañantes nos mantenemos atentas ante esta decisión, exhortando a las y los ministros a realizar un adecuado estudio de las presuntas violaciones al debido proceso y la criminalización en el caso.
Durante la próxima sesión de 9 de febrero de 2022, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirán y votarán el amparo directo en revisión 2359/2020, turnado al Ministro Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo; referente al caso de José Antonio Arreola Jiménez y José Luis Jiménez Meza. Ellos son los antiguos integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, quienes fueron privados de su libertad tras haber ejercido su derecho a la autonomía, promoviendo el respeto y fortalecimiento de su cultura indígena p’urhépecha y de sus recursos naturales.
Ante lo decisivo que es este momento, las organizaciones acompañantes vemos trascendental recordar a la opinión pública y a las y los tomadores de decisión que:
Dado el recurso de reclamación interpuesto el año pasado ante este mismo tribunal, en el que se observaron diversas irregularidades a los estándares regionales en materia de debido proceso; como el tiempo excesivo de su desahogo, exhortamos a las y los ministros, a quienes les concierne ahora la revisión de fondo del caso, a considerar las violaciones de DDHH cometidas durante el proceso penal en el que se condenó a José Antonio y José Luis por el delito de sabotaje, sin tener en cuenta un adecuado enfoque intercultural y su calidad jurídica de autoridades tradicionales del gobierno de su comunidad.
Además, a lo largo del proceso, se han formulado diversas denuncias ante la SCJN en relación con la detención arbitraria, con malos tratos y tortura, en represalia por la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas de su comunidad en el estado de Michoacán; así como del hostigamiento judicial del que han sido objeto. A ello se han sumado organismos internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, resaltando que las violaciones reclamadas conllevan afectaciones a los derechos humanos con base en los más altos estándares internacionales.
A más de tres años de la privación arbitraria de la libertad de José Luis Jiménez y José Antonio Arreola, y a más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera su caso, organizaciones acompañantes llamamos a las y los ministros Ana Margarita Ríos Farjat, Norma Lucía Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y al Ministro Ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, a realizar el adecuado estudio del caso, con base en los elementos previamente mencionados.
En un contexto en el que, las personas que dedican su vida a la defensa de sus comunidades y el medio ambiente son criminalizadas, amenazadas y violentadas, nos resulta preocupante que la máxima autoridad jurídica en nuestro país tolere la privación de la libertad de nuestros compañeros, por lo que confiamos en la toma de una decisión justa para quienes defienden sus territorios.
Convocamos de manera urgente a la sociedad a sumarse a las exigencias de justicia por la liberación de José Luis y José Antonio, enviando sus mensajes solidarios a través de redes sociales, utilizando el hashtag #NahuatzenLibre y etiquetando a las y los ministros de la SCJN.
