Chetumal.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Villanueva Rivero avaló las reformas realizadas por parte de la XIII Legislatura para modificar varios marcos legales en torno a la permanencia de los Jueces de Primera Instancia y aclaró que esto no es eliminar el fuero legal sino sus ciclos en el cargo.
El titular del Poder Judicial en la entidad explicó que con la serie de reformas que llevó a cabo la XIII Legislatura a la Constitución del Estado de Quintana Roo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, la cual permite que los jueces de primera instancia no sean vitalicios en el cargo, es decir, tendrán que ser ratificados cada 6 años, siempre y cuando demuestren actualización y no haber sido sancionados durante su periodo de gestión.
Aclaró que no se trata de un desafuero en sí sino que limita mediante una serie de reformas la permanencia de los jueces de primera instancias, todo esto basado en su desempeño laboral y preparación y con esto poder tener la seguridad y confianza que las personas que tratan los temas de impartición de justicia son gente además de preparada que ha validado sus conocimientos pero además de buena reputación y que se ubica en la realidad social y es parte de la serie de acciones que llevan a cabo tanto a nivel federal como ahora en los estados.
“La reforma no va en si en sobre el juicio político sino que cada determinado tiempo se evalúe a los jueces para que cumplan con la exigencia que quiere la ciudadanía para que se corrobore su conocimiento y buena reputación y esas reformas se aplicarán en general hasta a el titular del Poder Judicial”, detalló.
Durante la sesión del pasado jueves, la XIII Legislatura del Congreso del Estado eliminó el fuero para los Jueces de Primera Instancia, al aprobar reformas a la Constitución Política de Quintana Roo, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Con estas modificaciones, se elimina a los jueces como servidores públicos sujetos a juicio político, para ser sancionados bajo las reglas establecidas para los procedimientos que son competencia del Consejo de la Judicatura, y ya no por la Legislatura.
