Denuncias internas señalan posibles cobros ilegales de hasta 15 mil pesos por documentos vehiculares en las recaudadoras de Rentas. El caso de un automóvil presuntamente refacturado en Felipe Carrillo Puerto abre interrogantes sobre los controles de SEFIPLAN y la actuación de sus funcionarios.
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.– Lo que debía representar un acto de justicia para una víctima de despojo terminó por abrir nuevas interrogantes sobre el funcionamiento de las oficinas recaudadoras de Quintana Roo. La recuperación de un automóvil MG amarillo, que habría sido vendido ilegalmente y posteriormente refacturado, puso sobre la mesa una pregunta que las autoridades todavía deben responder: ¿cómo pudo realizar trámites administrativos una unidad cuya propiedad estaba en disputa?
El caso adquiere mayor relevancia porque la recuperación del vehículo fue presentada durante un acto público encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Sin embargo, detrás del anuncio oficial persiste una controversia sobre la documentación utilizada para comercializar y registrar la unidad.
De acuerdo con información proporcionada para esta investigación, el automóvil pertenecía originalmente a Nadia Concepción C. C., quien lo habría entregado para un esquema de arrendamiento vinculado al Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto.
La unidad, presuntamente relacionada con una serie de operaciones atribuidas a Luis Enrique Esquiliano Díaz, habría sido vendida sin autorización de su propietaria y posteriormente refacturada en Felipe Carrillo Puerto.
Estas circunstancias, de confirmarse documentalmente, obligarían a revisar no solamente la operación de compraventa, sino también los procedimientos mediante los cuales las autoridades fiscales validaron la documentación para su registro.
Señalamientos de cobros ilegales en las recaudadoras
El caso del MG amarillo coincide con denuncias sobre presuntas irregularidades en las oficinas de Recaudación de Rentas, particularmente en Othón P. Blanco, donde se señala al titular Rodrigo Romero Febles por supuestamente mantener un control centralizado sobre determinados trámites vehiculares.
Según testimonios de fuentes internas, cuya identidad se reserva, existirían instrucciones para que determinados expedientes no avancen sin autorización de la dirección y sean canalizados exclusivamente a personal de confianza.
Los señalamientos incluyen presuntos cobros de hasta 3 mil pesos por obtener copias de credenciales de elector integradas a expedientes vehiculares y cantidades de hasta 15 mil pesos por copias de facturas o historiales administrativos.
Las fuentes también describen posibles alteraciones, sustituciones o desapariciones de documentos, prácticas que, de acreditarse, podrían facilitar la regularización irregular de vehículos con problemas de propiedad o procedencia.
No obstante, estos testimonios requieren ser contrastados con expedientes, recibos, registros de trámites y las declaraciones de las autoridades señaladas. Hasta ahora, la información disponible no permite establecer como hecho probado que Romero Febles haya ordenado cobros ilegales o participado en la refacturación del MG.
Un Audi y un MG, dos vehículos bajo investigación
La información recabada también refiere un segundo caso relacionado con un automóvil Audi, cuya documentación presuntamente fue modificada después de una operación irregular.
Según los datos proporcionados, el Audi fue localizado en Mérida, Yucatán, donde habría sido ofrecido para su comercialización, mientras que el MG amarillo fue ubicado en una avenida de Chetumal y asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La posible relación entre ambos expedientes deberá determinarse mediante las investigaciones ministeriales, particularmente a partir de la identificación de las personas que intervinieron en las operaciones de compraventa y los trámites de documentación.
También será necesario establecer si las unidades fueron registradas utilizando facturas alteradas, documentos apócrifos o información auténtica presentada sin autorización de sus propietarios.
Recuperado, pero todavía sin entrega material
Otro punto que genera cuestionamientos es la diferencia entre la recuperación anunciada públicamente y la restitución efectiva del automóvil.
De acuerdo con la versión atribuida a la propietaria original, el MG todavía no le habría sido entregado materialmente debido a que la Fiscalía continúa revisando la autenticidad de la documentación, ante la posibilidad de que la factura haya sido clonada o alterada.
De confirmarse esta situación, el vehículo permanecería bajo resguardo ministerial pese a haberse anunciado su recuperación.
Es importante distinguir ambos procedimientos: localizar y asegurar un automóvil no equivale necesariamente a concluir las diligencias legales para devolverlo a su propietario.
Por ello, corresponde a la FGE precisar el estado jurídico de la unidad, los resultados de los peritajes documentales y las condiciones para su restitución.
¿Quién autorizó los trámites?
Más allá del caso particular, la controversia apunta a una posible falla en los mecanismos de revisión documental de las autoridades fiscales.
Si un vehículo fue vendido sin autorización de su propietaria y posteriormente consiguió documentación para circular, será necesario determinar qué documentos fueron presentados, quién los revisó y qué controles se aplicaron antes de permitir cualquier registro o emplacamiento.
También deberá aclararse si existieron trámites en las recaudadoras de Felipe Carrillo Puerto u Othón P. Blanco y qué funcionarios participaron en ellos.
Las respuestas son relevantes porque la intervención administrativa puede dejar registros verificables, como fechas de movimientos, identificaciones de solicitantes, comprobantes de pago y datos del personal que procesó los expedientes.
Estos elementos permitirían distinguir entre un fraude cometido mediante documentación falsa y una posible participación de servidores públicos.
SEFIPLAN y Fiscalía deben aclarar los señalamientos
Los testimonios sobre presuntos cobros ilegales y las dudas alrededor de la documentación del MG amarillo colocan a la Secretaría de Finanzas y Planeación ante la necesidad de transparentar sus procedimientos.
Una revisión administrativa permitiría establecer si existen anomalías en el acceso a expedientes, la expedición de copias, los cambios de propietario y la validación de documentos vehiculares.
En el caso de Rodrigo Romero Febles, los señalamientos ameritan una respuesta institucional que permita conocer los procedimientos que se aplican en la Recaudadora de Rentas de Othón P. Blanco y descartar o investigar posibles irregularidades.
Por su parte, la Fiscalía deberá esclarecer las circunstancias del presunto despojo, identificar a quienes intervinieron en la comercialización de los vehículos y determinar si hubo falsificación documental o participación de funcionarios.
La recuperación de un automóvil puede representar un avance para su propietaria. Pero si durante su recorrido por el mercado de vehículos usados se utilizaron documentos irregulares o se vulneraron controles oficiales, el problema no termina con una entrega pública.
La pregunta de fondo sigue abierta: ¿los mecanismos de emplacamiento y registro de Quintana Roo son suficientemente seguros para impedir que un vehículo despojado sea comercializado y regularizado mediante documentos cuestionados?
