Un enfoque integral de esta crisis tiene implicaciones para la salud pública, la vivienda y las políticas económicas nacionales y locales. Los migrantes y las personas en movimiento enfrentan las mismas amenazas de salud del COVID-19 que las poblaciones de acogida, pero pueden enfrentar vulnerabilidades particulares debido a las circunstancias de su viaje y las pobres condiciones de vida y trabajo en las que pueden encontrarse. Con demasiada frecuencia, los migrantes enfrentan obstáculos innecesarios para acceder a la atención médica. Inaccesibilidad de servicios; barreras lingüísticas y culturales; costo; falta de políticas de salud inclusivas para los migrantes; las barreras legales, regulatorias y prácticas para la atención de la salud juegan un papel en esto, al igual que, en muchos casos, los prejuicios. Si un migrante teme la deportación, la separación familiar o la detención, puede estar menos dispuesto a acceder a la atención médica o proporcionar información sobre su estado de salud.
A menudo, a millones, incluidos los migrantes, se les niega el derecho a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento, y no tienen más remedio que vivir en condiciones de hacinamiento, antihigiénicas, con acceso limitado o nulo a los servicios de salud. Esta es una combinación que aumenta la vulnerabilidad de las comunidades y los migrantes a las enfermedades, y obstaculiza enormemente la capacidad de las autoridades para implementar efectivamente las pruebas tempranas, los diagnósticos y la atención vital para medidas integrales de salud pública efectivas. Es crucial que las autoridades gubernamentales a nivel nacional y local tomen las medidas necesarias para proteger la salud de todos aquellos que viven en condiciones inseguras y de los más vulnerables, independientemente de su estado. Las medidas deben incluir prevención, pruebas y tratamiento adecuados, acceso continuo y aumentado a refugios de emergencia para personas sin hogar sin barreras relacionadas con el estado migratorio; y suspensiones de desalojos.
Si bien muchos países han optado por reforzar los controles en sus fronteras en un esfuerzo por contener la propagación de COVID-19, es fundamental que tales medidas se implementen de manera no discriminatoria, de acuerdo con el derecho internacional y priorizando la protección de los más vulnerables. Las políticas y su implementación , incluido el retorno forzoso y la detención de inmigrantes, deben llevarse a cabo de acuerdo con las obligaciones de derechos humanos y es posible que deban ajustarse para garantizar que sean compatibles con estrategias efectivas de salud pública y mantengan condiciones adecuadas. A este respecto, es vital que las limitaciones a la libertad de desplazamiento no afecten indebidamente a los derechos humanos y al derecho a solicitar asilo, y que las restricciones se apliquen de manera proporcionada y no discriminatoria.
Para que nuestra respuesta a esta pandemia sea efectiva, debemos superar las barreras actuales para una cobertura de salud adecuada, asequible y verdaderamente universal. La inclusión de todos los migrantes y grupos marginados es necesaria en todos los aspectos de la respuesta al COVID-19, ya sea que busquemos prevención, detección o acceso equitativo a medidas de tratamiento, atención o contención, o condiciones seguras de trabajo. Los mensajes de comunicación de riesgos sobre cómo proteger a todos deben interactuar con todas las comunidades y estar disponibles en idiomas y formatos para medios que sean comprensibles y accesibles para todos.
Los centros de detención de inmigrantes generalmente están superpoblados y carecen de atención médica y saneamiento adecuados. Con el fin de evitar una rápida propagación del virus, los Estados deben establecer las medidas necesarias para proteger la salud de los migrantes en estas instalaciones y establecer urgentemente alternativas a la detención sin custodia como una medida para mitigar estos riesgos.
Además, es importante que los migrantes se incluyan en las medidas que se están introduciendo para mitigar la recesión económica causada por el COVID-19. Los migrantes y sus familias a menudo forman parte de grupos marginados y vulnerables que ya están experimentando dificultades económicas como resultado de las medidas de contención. El impacto del cierre de actividades debido a la pandemia puede afectar particularmente a los trabajadores de bajos salarios y aquellos en el sector informal, incluidos los jóvenes y las mujeres, que a menudo están en trabajos precarios o temporales y no tienen acceso a la protección social, licencia por enfermedad remunerada, o pérdida de ingresos. Los trabajadores domésticos pueden verse más gravemente afectados por las medidas de distanciamiento social y el aislamiento en los hogares de los empleadores, y están sujetos a discriminación.
Se necesita atención específica para aquellos trabajadores, muchos de los cuales son migrantes, que continúan garantizando servicios indispensables para las personas durante la pandemia, como los de la economía del cuidado y, la industria de servicios y la economía informal, para garantizar la protección de sus derechos y derechos fundamentales en el trabajo. Acogemos con beneplácito las medidas adoptadas por los Estados miembros para extender las visas de trabajo y otras medidas apropiadas para aliviar las limitaciones que enfrentan los trabajadores migrantes y sus familias debido al cierre de empresas, y para garantizar la protección continua de sus derechos humanos internacionales, incluidos sus derechos laborales.
Solo con un enfoque inclusivo, que realmente no deje a nadie atrás, podremos superar esta crisis global de magnitud y proporciones sin precedentes.
