Ciudadanos señalan que una camioneta oficial del DIF municipal estaría a disposición de María José Noverola, a quien identifican como la apuesta política del presidente municipal rumbo a 2027. También cuestionan que cumpla con el requisito de residencia en Bacalar.
Bacalar, Quintana Roo.— La sucesión municipal de 2027 comienza a generar cuestionamientos en Bacalar. Una denuncia ciudadana recibida por El Punto Sobre la i señala que el gobierno encabezado por José Alfredo “Chepe” Contreras Méndez estaría favoreciendo políticamente a María José Noverola, incluso mediante el presunto uso de recursos públicos del Sistema DIF municipal.
Los denunciantes proporcionaron fotografías de una camioneta Toyota Hilux blanca que, según su testimonio, pertenece al DIF de Bacalar y estaría a disposición de Noverola. La acusación apunta a que un vehículo destinado a las actividades de asistencia social estaría siendo utilizado para atender necesidades particulares de una figura que busca posicionarse en el escenario político municipal.
El señalamiento es delicado porque no se trata de cualquier vehículo oficial. El DIF tiene entre sus responsabilidades atender a familias vulnerables, personas adultas mayores, niñas, niños y habitantes que requieren asistencia. Si una unidad de esa institución estuviera siendo utilizada para fines particulares o políticos, correspondería investigar un posible desvío de su finalidad institucional.
Pero la denuncia va más allá del vehículo.
De acuerdo con la información recibida, Chepe Contreras estaría impulsando políticamente a Noverola como parte de su proyecto de continuidad rumbo a las elecciones de 2027. Los denunciantes consideran que existe una cargada desde el gobierno municipal para favorecer su posicionamiento frente a otros aspirantes.
Esta presunta intervención cobra relevancia en un municipio donde Morena cuenta con otros perfiles interesados en competir, entre ellos Rivelino Valdivia Villaseca y Astrid González Buenfil, ambos con arraigo bacalarense y señalados por fuentes políticas locales como aspirantes con respaldo ciudadano.
También cuestionan la residencia de Noverola
Otro de los señalamientos ciudadanos apunta a que María José Noverola presuntamente no cumpliría con el requisito de residencia en el municipio de Bacalar.
Esta afirmación requiere una revisión documental y jurídica. Para determinar si existe algún impedimento de elegibilidad sería necesario conocer su domicilio legal, residencia efectiva, las fechas correspondientes y los requisitos aplicables al cargo que eventualmente pretenda disputar.
La denuncia ciudadana, por sí sola, no demuestra que Noverola incumpla la legislación electoral. Sin embargo, el cuestionamiento merece una respuesta clara si busca participar en el próximo proceso municipal.
¿El DIF al servicio de la población o de un proyecto político?
El fondo de la controversia es el posible uso de recursos públicos para favorecer a una aspirante.
La administración de Chepe Contreras tiene la obligación de explicar si la camioneta señalada pertenece al DIF, quién es responsable de su resguardo, cuáles son sus funciones autorizadas y si existe alguna justificación institucional para que esté a disposición de Noverola.
También resulta necesario establecer si la presunta utilización del vehículo guarda alguna relación con actividades de promoción política o si corresponde a funciones oficiales debidamente autorizadas.
De comprobarse un uso indebido, las autoridades competentes tendrían que determinar las responsabilidades correspondientes. Por ahora, las fotografías y los testimonios aportados constituyen elementos para solicitar explicaciones, pero no acreditan por sí mismos una falta administrativa o electoral.
El asunto llega en un momento políticamente sensible para Chepe Contreras, cuya administración enfrenta cuestionamientos y un posible desgaste de imagen que podría afectar a cualquier aspirante identificado con su continuidad.
Si el presidente municipal pretende impulsar a Noverola, deberá hacerlo dentro de los límites legales y sin comprometer los recursos destinados a los habitantes de Bacalar.
Porque una cosa es respaldar políticamente a una persona y otra muy distinta sería utilizar vehículos, personal o bienes municipales para favorecerla.
La pregunta que debe responder el gobierno de Bacalar es sencilla: ¿la camioneta del DIF está cumpliendo una función de asistencia social o se encuentra al servicio de intereses ajenos a la institución?
La respuesta debe sustentarse en documentos oficiales, no solamente en declaraciones. Mientras tanto, la denuncia ciudadana pone bajo escrutinio tanto la utilización del patrimonio municipal como la equidad de la contienda política que comienza a perfilarse rumbo a 2027.
