Con 487 firmas, representantes de centros ceremoniales de Quintana Roo solicitan la salida de Eder Enrique Chuc Cen. Acusan que los recursos llegan incompletos, se retrasan y, en algunos casos, les piden firmar documentos en blanco.
Por ABC
Felipe Carrillo Puerto.— La inconformidad de los dignatarios mayas de Quintana Roo llegó hasta el Gobierno del Estado. Representantes de los principales centros ceremoniales exigen la destitución de Eder Enrique Chuc Cen, director general del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas (INMAYA), a quien acusan de presuntas irregularidades en la entrega de apoyos económicos destinados a las comunidades indígenas.
La exigencia está respaldada, según los dirigentes, por 487 firmas de un total de 490 dignatarios mayas, quienes consideran que el funcionario ha cerrado las puertas del instituto a las autoridades tradicionales y ha permitido que los recursos lleguen con retrasos o en cantidades menores a las solicitadas.
La petición de destitución fue presentada desde el pasado 19 de octubre ante la Oficialía Mayor y la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo.
Pero detrás de la exigencia hay señalamientos que van más allá de una inconformidad administrativa: dignatarios denuncian que, en algunos casos, los apoyos se entregan incompletos y presuntamente se les solicita firmar documentos sin que aparezca la cantidad de dinero recibida.
De 6 mil pesos autorizados, denuncian que solamente recibieron 4 mil
Uno de los testimonios más delicados es el de Faustino Poot, representante del Centro Ceremonial de Chumpón, quien aseguró que solicitó recursos para realizar actividades tradicionales y que, aunque se gestionaron 6 mil pesos, únicamente recibió 4 mil.
El dignatario también denunció que posteriormente les entregaron formatos para firmar en blanco, en los que presuntamente se colocarían las cantidades después.
La diferencia de 2 mil pesos señalada por Poot plantea interrogantes sobre los procedimientos de entrega y comprobación de recursos del instituto.
Si bien el testimonio no demuestra por sí solo que exista un desvío de dinero, sí representa una denuncia concreta que podría verificarse mediante los comprobantes de pago, solicitudes de apoyo y documentos administrativos del INMAYA.
«El recurso no sale de su bolsa»
Gabino Cruz Yeh, representante del Centro Ceremonial de Chancab Veracruz, acusó que el titular del instituto le informó que su comunidad dejaría de recibir recursos para las primicias y otras actividades tradicionales.
El dirigente cuestionó que se restrinjan apoyos que considera fundamentales para preservar las costumbres y ceremonias del pueblo maya.
Aseguró que las inconformidades se repiten en distintos centros ceremoniales, motivo por el cual convocaron a sus representantes para reunir las firmas y solicitar la intervención del Gobierno del Estado.
Cruz Yeh insistió en que los recursos públicos no pertenecen al director del instituto y que su distribución debe responder a las necesidades de las comunidades y a las reglas establecidas para los programas sociales.
Dignatarios denuncian abandono y falta de atención
Juan Caamal Coh, comandante y representante de Tixcacal Guardia, afirmó que durante 2026 han presentado solicitudes de apoyo que no han sido atendidas.
También cuestionó que el director del INMAYA haya visitado pocas veces su comunidad y que, al plantearle la necesidad de mejorar las despensas, recibieran una respuesta que consideraron ofensiva.
A las inconformidades se sumaron representantes de la Cruz Parlante, Tulum, Yaxley y Xyatil, quienes señalaron problemas similares en la atención a sus comunidades.
Los testimonios reflejan una ruptura en la relación entre el instituto y representantes de las autoridades tradicionales mayas, quienes consideran que la dependencia se ha alejado de las necesidades de los centros ceremoniales.
Más de 11 millones de pesos destinados a dignatarios mayas
Los señalamientos ocurren en un año en el que el INMAYA cuenta con recursos presupuestados para atender a las comunidades indígenas.
Para 2026 se reporta un presupuesto inicial de 38 millones 465 mil 74 pesos, posteriormente modificado a 38 millones 736 mil 74 pesos.
Dentro de ese monto se identifica un programa de apoyo a dignatarias y dignatarios mayas con 11 millones 13 mil 599 pesos, recursos destinados a subsidios económicos sujetos a reglas de operación.
Estas cifras presupuestales requieren contrastarse con los registros oficiales de ejercicio del gasto para conocer cuánto se ha comprometido, pagado y entregado efectivamente a los beneficiarios.
La pregunta es si las cantidades asentadas en los expedientes administrativos coinciden con el dinero recibido por las autoridades tradicionales.
La existencia de recursos presupuestados no acredita por sí misma una retención indebida. Sin embargo, los testimonios sobre entregas incompletas y firmas en blanco justifican revisar cómo se están administrando y comprobando los apoyos.
Gran Consejo Maya pide la intervención de Mara Lezama
Simón Caamal Coh, presidente del Gran Consejo Maya, sostuvo que las comunidades indígenas necesitan una atención digna y transparente.
Señaló que los apoyos no constituyen regalos de los funcionarios, sino recursos públicos destinados a atender necesidades y preservar las tradiciones.
Además de los recursos para actividades ceremoniales, mencionó retrasos en solicitudes relacionadas con salud, sillas de ruedas, muletas, bastones y otras necesidades de personas de las comunidades.
El dirigente confió en que la gobernadora Mara Lezama Escalante atienda la solicitud presentada por los representantes tradicionales y revise la actuación del titular del INMAYA.
¿Dónde están los recursos y quién supervisa su entrega?
Las denuncias colocan bajo cuestionamiento los mecanismos de distribución y comprobación de los apoyos económicos.
El instituto deberá aclarar cuánto dinero se autorizó a cada centro ceremonial, qué cantidades fueron entregadas, quién recibió los recursos y si existen documentos firmados sin montos establecidos.
También corresponde conocer si el Órgano Interno de Control ha recibido quejas relacionadas con estas prácticas y si existe alguna investigación administrativa.
Hasta ahora, los señalamientos constituyen denuncias públicas de los dignatarios. No se ha presentado en la información disponible una resolución que acredite desvíos o responsabilidad administrativa del director.
Tampoco se cuenta con una respuesta del funcionario a las acusaciones.
Mientras tanto, 487 firmas, según los representantes del Gran Consejo Maya, respaldan una exigencia que el Gobierno del Estado tendrá que atender: esclarecer el manejo de los apoyos y responder a las inconformidades de las autoridades tradicionales del pueblo maya.
