La colectiva feminista denuncia amenazas, humillaciones, manejo discrecional de viáticos y pérdida de autonomía en la CDHEQROO. La presidenta del organismo enfrenta nuevos cuestionamientos apenas días después de comparecer ante el Congreso estatal.
Por Victoria Castro Chávez
Chetumal, Quintana Roo.— La institución que debería proteger a los ciudadanos frente a los abusos de autoridad enfrenta ahora graves acusaciones por presuntas conductas de violencia laboral dentro de sus propias oficinas.
La agrupación feminista Marea Verde Quintana Roo exigió la destitución y la apertura de un juicio político contra Omega Istar Ponce Palomeque, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), a quien atribuye un ambiente de hostigamiento, amenazas contra trabajadores y una gestión que, según la organización, privilegia la imagen personal sobre la defensa efectiva de las víctimas.
El pronunciamiento, difundido el 28 de octubre, coloca nuevamente bajo cuestionamiento la autonomía y el funcionamiento del organismo público.
No se trata de las primeras críticas contra Ponce Palomeque. Desde marzo de este año, organizaciones feministas habían cuestionado su desempeño y su cercanía con actividades políticas de Morena.
Sin embargo, las nuevas acusaciones elevan la gravedad del conflicto al señalar presuntas amenazas contra integrantes del personal.
Amenazas que deben investigarse
Entre los señalamientos más delicados, Marea Verde atribuye a la presidenta de la CDHEQROO expresiones intimidatorias relacionadas con la posibilidad de colocar una bomba en las instalaciones de Chetumal, utilizar ácido contra determinadas personas o introducir sustancias tóxicas en alimentos.
Según el pronunciamiento, algunas de esas expresiones habrían sido justificadas posteriormente como sarcasmo.
Estas acusaciones requieren una investigación independiente que permita establecer si los hechos ocurrieron, en qué circunstancias y si existen testimonios directos o denuncias formales.
Hasta el momento, la información pública consultada no permite acreditar que Ponce Palomeque haya cometido tales conductas.
No obstante, por su gravedad, los señalamientos tampoco deberían quedar sin una aclaración institucional.
La organización también denuncia supuestas humillaciones, gritos, insultos y actos de hostigamiento contra personal de la Comisión.
La contradicción que plantea Marea Verde es evidente: una institución encargada de defender la dignidad humana debe garantizar, antes que nada, el respeto a los derechos de sus propios trabajadores.
Viáticos para la presidencia, restricciones para el personal
Otro de los cuestionamientos se relaciona con el manejo de los recursos destinados a comisiones oficiales.
Marea Verde acusa que la presidenta del organismo dispone de viáticos para sus actividades, mientras que personal directivo que debe trasladarse y pernoctar fuera de su ciudad de residencia enfrenta restricciones para recibirlos.
El señalamiento abre una línea de investigación administrativa: conocer cuánto se ha destinado a los viajes y comisiones de la presidencia, cuáles son las reglas aplicables y si existen diferencias injustificadas en su autorización.
Sin esa documentación no puede concluirse que haya existido un uso irregular de recursos.
Pero tratándose de un organismo autónomo financiado con dinero público, las reglas y comprobaciones deben estar disponibles para su revisión.
Una autonomía cuestionada por su cercanía con Morena
La colectiva también cuestiona la participación de Omega Ponce en actividades vinculadas con Morena, al considerar que esa cercanía compromete la independencia política que debe mantener la institución.
El antecedente no es nuevo.
En marzo, la Red Feminista Quintanarroense ya había advertido sobre el riesgo de que la presidenta de Derechos Humanos participara en espacios partidistas mientras desempeñaba un cargo que exige imparcialidad.
La crítica adquiere especial importancia porque la CDHEQROO debe investigar posibles violaciones cometidas por autoridades estatales y municipales, independientemente del partido político al que pertenezcan.
La asistencia a un evento no demuestra automáticamente subordinación partidista, pero la titular tiene la responsabilidad de explicar cómo garantiza que sus decisiones no estén condicionadas por intereses políticos.
Marea Verde acusa simulación en la atención a las víctimas
El pronunciamiento también cuestiona los resultados de la Comisión.
Según la agrupación, la institución habría priorizado actos públicos, reconocimientos y actividades de promoción institucional, mientras las personas que buscan protección enfrentan obstáculos para que sus quejas sean atendidas.
Entre sus críticas destaca la supuesta utilización de criterios de incompetencia para concluir expedientes y evitar pronunciamientos sobre actuaciones de autoridades.
La organización también cuestiona el reconocimiento público a la Fiscalía General del Estado por el cumplimiento de recomendaciones, al considerar que la Comisión debería mantener una postura más exigente frente a instituciones señaladas por violaciones a derechos humanos.
Estos cuestionamientos requieren revisar los expedientes, las causales de conclusión y los mecanismos de seguimiento utilizados por la CDHEQROO.
Los resultados oficiales frente a las denuncias
El contraste aparece al revisar la comparecencia de Omega Ponce ante el Congreso de Quintana Roo, realizada el 20 de octubre.
Durante su presentación, la presidenta informó que la Comisión había concluido 933 expedientes rezagados desde administraciones anteriores, realizado más de mil 600 actividades de capacitación y abierto mil 720 expedientes de queja durante el periodo reportado.
También destacó la emisión de 13 recomendaciones, cuya aceptación por las autoridades fue reportada como del 100 por ciento.
Las cifras muestran actividad institucional y deben considerarse al evaluar su gestión.
Sin embargo, la aceptación de una recomendación no equivale necesariamente a su cumplimiento integral ni a la reparación efectiva del daño.
Asimismo, concluir expedientes no permite conocer por sí solo si las víctimas recibieron una respuesta satisfactoria.
Por ello, el debate no debería limitarse a cuántos asuntos se cerraron, sino a cómo se resolvieron y qué resultados obtuvieron las personas afectadas.
El Congreso, ante una nueva exigencia de juicio político
Marea Verde exige que se investigue la actuación de la presidenta y se promueva su destitución mediante los mecanismos legales correspondientes.
La exigencia pública no significa que exista ya un procedimiento formal de juicio político.
Para determinarlo será necesario confirmar si la petición fue presentada ante el Congreso, si cumple los requisitos legales y si las autoridades legislativas han iniciado algún trámite.
En marzo de 2026, la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Paola Moreno, había informado que hasta entonces no existía una solicitud formal de juicio político contra Ponce Palomeque.
La nueva exigencia obliga a conocer si esa situación ha cambiado.
También corresponde escuchar la respuesta de la presidenta de la CDHEQROO sobre las acusaciones recientes y conocer si existe alguna investigación administrativa o laboral relacionada con los hechos denunciados.
¿Quién defiende los derechos dentro de Derechos Humanos?
La controversia va más allá de la permanencia de una funcionaria.
Lo que está en discusión es la confianza pública en un organismo cuya razón de existir es proteger a las personas frente a los abusos de poder.
Si las denuncias de violencia laboral se acreditan, la institución enfrentaría una contradicción especialmente grave entre su mandato constitucional y sus prácticas internas.
Si los señalamientos no se sostienen, también será necesario aclararlo mediante procedimientos objetivos y transparentes.
Lo que no resulta aceptable es que acusaciones de esta naturaleza queden reducidas a una confrontación mediática sin una revisión independiente.
La Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo no puede exigir respeto a la dignidad humana fuera de sus oficinas sin garantizar ese mismo principio dentro de ellas.
El Congreso tiene ahora una responsabilidad de vigilancia institucional: determinar qué elementos existen para investigar las denuncias y exigir cuentas sobre el funcionamiento de un organismo que debe servir a las víctimas, no a intereses personales o partidistas.
