Zona Maya.– Lo que alguna vez fue presentado como un programa transformador para el campo mexicano hoy se enfrenta a un creciente clima de inconformidad y desilusión. Productores rurales de la zona maya denuncian que Sembrando Vida, iniciativa federal que prometía impulsar el desarrollo agroforestal y mejorar la calidad de vida en el campo, ha terminado por convertirse en un instrumento selectivo, lleno de favoritismos y decisiones arbitrarias.
Entre los afectados se encuentra Gabriel Alonzo, campesino de la comunidad de San Juan Oriente, quien acusa que tanto la gobernadora Mara Lezama como funcionarios federales incumplieron los compromisos hechos con los productores. Relató que al menos siete comunidades enviaron oficios a dependencias nacionales solicitando ser escuchadas, pero a la fecha no han recibido ninguna respuesta.
“Pareciera que esos oficios nunca llegaron a su destino. Nos dijeron que este programa era un derecho constitucional, pero en la práctica nos lo arrebatan sin darnos siquiera la oportunidad de defendernos”, lamentó.
Según Alonzo, las parcelas hoy hablan por sí solas: árboles con más de cinco metros de altura evidencian que el trabajo sí se realizó, sin embargo, muchos campesinos fueron dados de baja del programa sin explicación. A esto se suma que mientras a algunos productores se les otorgaron prórrogas para corregir deficiencias, otros fueron expulsados sin siquiera una visita de verificación.
La indignación crece al observar incongruencias en la aplicación de las reglas. Alonzo denunció que hay beneficiarios que violaron lineamientos, como sembrar cultivos no autorizados (limón) o usar agroquímicos prohibidos, y siguen recibiendo apoyo. En contraste, quienes cumplieron con las normas fueron eliminados del padrón.
“Los que no respetaron el programa siguen dentro; los que trabajamos la tierra a mano y cuidamos los árboles, nos dejaron fuera”, denunció.
El productor aseguró estar dispuesto a abrir sus parcelas a la prensa para mostrar la realidad del campo y exigir que se rindan cuentas sobre el uso de los recursos públicos.
El caso de San Juan Oriente refleja el sentimiento generalizado entre campesinos de la región: un programa que nació con la promesa de transformar la vida rural hoy es percibido como un mecanismo desigual, burocrático y excluyente, donde la frustración y el abandono han sustituido al apoyo que alguna vez se les prometió.
