Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— La transparencia municipal en Quintana Roo continúa enfrentando rezagos, incumplimientos y opacidad en la publicación de información pública obligatoria, pese a que la legislación estatal y federal exige a los ayuntamientos mantener actualizados sus portales oficiales y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
De acuerdo con el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO), los sujetos obligados —entre ellos municipios, dependencias estatales y organismos autónomos— deben publicar de manera permanente información relacionada con contratos, nóminas, obras públicas, salarios, auditorías, programas sociales, directorios y ejercicio de recursos públicos.
Sin embargo, los propios mecanismos oficiales evidencian que persisten denuncias y procedimientos abiertos por incumplimientos a las obligaciones de transparencia.
Tanto dependencias estatales como organismos autónomos mantienen apartados específicos para documentar denuncias relacionadas con omisiones, retrasos o falta de actualización de información pública en sus plataformas digitales.
El artículo 91 de la Ley de Transparencia establece que la información debe encontrarse disponible “en forma permanente y actualizada” tanto en los portales institucionales como en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre las obligaciones se incluyen la publicación de estructura orgánica, contratos, salarios, declaraciones patrimoniales, sanciones administrativas, licitaciones y manejo presupuestal.
No obstante, en la práctica, diversos municipios mantienen portales incompletos, enlaces inactivos, documentos desactualizados o apartados vacíos, particularmente en rubros sensibles como contratación de servicios, gasto en comunicación social y aplicación de recursos públicos.
Uno de los casos más visibles corresponde al Ayuntamiento de Benito Juárez, donde información relacionada con contratos de publicidad oficial correspondientes a 2024 y 2025 fue reservada bajo el argumento de auditorías en proceso, pese a que la legislación establece obligaciones claras de transparencia sobre este tipo de gastos.
Aunque evaluaciones oficiales reportaron un nivel global de cumplimiento de obligaciones de transparencia de 94.38 por ciento durante el ejercicio 2024, esa cifra agrupa a todos los sujetos obligados y no elimina los rezagos persistentes en distintos municipios y dependencias.
Incluso, mientras algunos ayuntamientos reportan avances —como Benito Juárez, que informó un cumplimiento de 98.6 por ciento—, el propio Estado mantiene programas permanentes de capacitación para enlaces de transparencia debido a problemas recurrentes relacionados con carga, homologación y actualización de información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La situación exhibe además una contradicción institucional: mientras autoridades mantienen discursos públicos de combate a la corrupción y gobierno abierto, continúan acumulándose observaciones, denuncias y procedimientos derivados del incumplimiento de obligaciones básicas de transparencia.
Además, organismos públicos y dependencias estatales continúan habilitando trimestralmente espacios para reportar denuncias ciudadanas relacionadas con incumplimientos, lo que refleja que las fallas en acceso a la información y rendición de cuentas siguen siendo constantes dentro de la administración pública estatal y municipal.
El escenario mantiene bajo cuestionamiento la efectividad de los mecanismos de transparencia en Quintana Roo, particularmente en un contexto donde el acceso oportuno a la información pública resulta fundamental para fortalecer la vigilancia ciudadana, la rendición de cuentas y el combate a la opacidad en el manejo de recursos públicos.
