Chetumal, Quintana Roo. – El Congreso del Estado dio los primeros pasos para desaparecer la figura de la Gran Comisión y dar paso a una Junta de Gobierno y Coordinación Política, al aprobar reformas a la Constitución de Quintana Roo en materia de funcionamiento y organización del Poder Legislativo, con las que se busca reconocer la pluralidad de todas las fuerzas políticas y garantizar su participación en la toma de decisiones.
En la sesión del periodo extraordinario, cuyos trabajos estuvieron presididos por el diputado Jesús Zetina Tejero, el Pleno de la XV Legislatura avaló también diversas modificaciones a la Constitución local para establecer el principio pro persona, así como para garantizar los derechos político electorales de aquellos servidores públicos que decidan participar en contiendas electorales.
Además, se modificaron disposiciones constitucionales para establecer un mayor número de elementos jurídicos para aprobar reformas a la Constitución local. Ahora se requerirá la mayoría calificada de los ayuntamientos para ello y se elimina la posibilidad de presentar reformas constitucionales bajo la figura de la obvia y urgente resolución.
En lo que respecta a las reformas para eliminar la figura de la Gran Comisión, los legisladores consideraron que, para iniciar con la transformación a fondo del Poder Legislativo, era necesario modificar el texto constitucional para sentar las bases de los cambios sustanciales en la organización y funcionamiento del Congreso.
En uno de los transitorios de la minuta, que deberá ser avalada por los ayuntamientos del Estado, se establece que las disposiciones relativas a la creación de la figura de la Junta de Gobierno y Coordinación Política entrarán en vigor hasta el 3 de septiembre de 2019, previa publicación en el Periódico Oficial.
También se estableció que, en un plazo que no excederá de 90 días naturales a la publicación del decreto en el Periódico Oficial, la Legislatura deberá expedir la legislación secundaria que regule la organización y funcionamiento del Poder Legislativo.
CAMBIOS A LEY DE MOVILIDAD
Durante la sesión de este martes el Pleno del Congreso del Estado, avaló con 21 votos a favor y 2 en contra, el dictamen que contiene las reformas a la Ley de Movilidad presentadas por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad, ante la presencia de integrantes de los diferentes sindicatos de taxistas y trabajadores del volante que se dieron cita en la sede del Congreso.
De acuerdo con el dictamen, se estableció que la prestación del servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales tendrá el carácter de servicio público y sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con una concesión expedida por el Instituto de Movilidad.
Con relación a la vigencia de las concesiones para el servicio público de transporte, se estableció que sea de manera indefinida para garantizar la igualdad entre las concesiones hasta ahora otorgadas y las que en el futuro se otorguen, siempre y cuando no se incurra en actos marcados como causal de revocación.
Cabe señalar que esta política no será aplicable para el servicio de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales, ya que la vigencia de estas autorizaciones será de diez años y se deberá realizar un refrendo anual ante dicho instituto.
Los diputados independientes Juan Ortiz Vallejo y Juan Carlos Pereyra Escudero, las diputadas del PVEM Tyara Schleske de Ariño y Santy Montemayor Castillo, así como los diputados Jesús Zetina Tejero de la fracción parlamentaria del PAN, y Carlos Mario Villanueva Tenorio del partido Encuentro Social, hicieron uso de la tribuna para expresar sus posturas con relación a este tema.
En la sesión del periodo extraordinario, la XV Legislatura expidió el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, con el que se busca mejorar el desempeño interno para la fiscalización de las cuentas públicas.
Con este reglamento, se busca especializar las actividades legales de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO, creando los departamentos de Substanciación, Procedimientos Legales y Contencioso, los cuales estarán encargados de llevar el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad por faltas graves en la propia Auditoría Superior, dar asesorías a todas las direcciones del órgano fiscalizador en las cuestiones jurídicas que requieran para un mejor desempeño de sus atribuciones y llevar todos los procedimientos legales en los que la Auditoría sea parte.
También se establecieron facultades a la Dirección de Informática para actualizar sus conocimientos en los avances tecnológicos y aplicarlos en la modernización del órgano fiscalizador.
