Por Victoria Castro Chávez
CHETUMAL, Quintana Roo.— La Comisión de Justicia de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo se ha convertido en uno de los principales focos de rezago legislativo en Quintana Roo, al mantener congeladas más del 60 por ciento de las iniciativas turnadas a este órgano parlamentario, según información de la Gaceta Parlamentaria y los registros de asuntos legislativos en trámite.
De acuerdo con los reportes legislativos, la mayoría de las propuestas permanecen bajo el estatus de “En Trámite”, situación que ha frenado reformas relacionadas con seguridad, justicia, combate a la impunidad y protección de derechos en el estado.
Entre las iniciativas que continúan sin dictaminar destacan reformas para fortalecer la protección al ejercicio periodístico, endurecer sanciones contra agresores de comunicadores y defensores de derechos humanos, así como propuestas dirigidas a combatir nuevas modalidades de fraude y despojo de tierras ejidales y predios de alta plusvalía en distintas regiones de Quintana Roo.
En contraste, documentos internos y actas legislativas muestran que iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo suelen avanzar mediante procesos de aprobación más rápidos dentro de la comisión.
Según observadores legislativos, gran parte de los dictámenes liberados hacia el Pleno corresponden principalmente a ajustes de lenguaje inclusivo, homologaciones obligatorias de leyes federales o correcciones técnicas de carácter jurídico.
Reportes del Observatorio Legislativo de Quintana Roo señalan además que el rezago se relaciona con la cancelación recurrente de mesas técnicas y sesiones de comisión debido a falta de quórum y ausentismo legislativo.
Los monitoreos ciudadanos indican que aproximadamente el 62 por ciento de las iniciativas vinculadas con delitos como extorsión, despojo y protección a periodistas continúan congeladas bajo análisis, mientras que el 38 por ciento de los asuntos dictaminados corresponde en su mayoría a propuestas impulsadas por el gobierno estatal o reformas de forma administrativa.
El rezago también involucra a otras comisiones legislativas como Puntos Legislativos, donde igualmente se reportan retrasos derivados de la falta de sesiones y acuerdos internos.
La situación ha comenzado a generar cuestionamientos sobre la capacidad operativa y la voluntad política del Congreso local para atender temas considerados prioritarios en materia de justicia, seguridad y derechos humanos en Quintana Roo.
