TULUM, Quintana Roo. Un grupo de más de 35 comerciantes y emprendedores locales de la comunidad de Chemuyil ha manifestado su inconformidad ante el presunto cobro mensual de una cuota de 300 pesos impuesto por el delegado municipal, Gilmer Vidal Torres Cervantes. Los afectados denuncian que esta medida se implementó sin previo aviso, sin respaldo legal y sin una justificación clara sobre el uso de los fondos.
Según testimonios de los comerciantes, quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias, el delegado presentó el cobro como una «aportación voluntaria para mejoras en la comunidad». Sin embargo, hasta el momento, no se ha observado ningún cambio tangible en los servicios públicos o la infraestructura del poblado. «Nos dijo que era para mejorar el pueblo, pero las calles están en mal estado, la recolección de basura sigue siendo deficiente y no han colocado ni una lámpara nueva en el parque”, señaló uno de los afectados.
Lo que ha generado mayor indignación es que la cuota se cobra por turno de operación. Los negocios que trabajan tanto de día como de noche deben pagar el doble, es decir, 600 pesos al mes. Esta medida ha impactado negativamente a vendedores de alimentos y bebidas, quienes se ven obligados a reducir sus jornadas o aumentar sus precios para cubrir este nuevo gasto.
Los comerciantes aseguran que muchos de sus negocios tienen años operando en Chemuyil y que nunca antes se les había exigido este tipo de pago. Consideran la medida arbitraria, sin base legal, y presumen un uso discrecional de los recursos recaudados. «No hay documentos oficiales, ni recibos, ni explicación formal. Parece más un cobro personal que una contribución comunitaria”, comentó otro de los entrevistados.
Ante esta situación, los afectados ya han comenzado a organizarse para solicitar la intervención de las autoridades municipales de Tulum y del gobierno estatal, con el objetivo de frenar lo que califican como un abuso de autoridad. Los comerciantes no descartan emprender acciones legales o realizar protestas pacíficas si no obtienen una respuesta clara, y exigen transparencia, rendición de cuentas y la suspensión inmediata del cobro, al que califican como un «impuesto infundado e injusto».
