Productores de Kancabchén denunciaron que tuvieron que cubrir el monto para evitar mayores afectaciones, pese a que aseguran que la anomalía en el medidor fue provocada por un reptil.
JOSÉ MARÍA MORELOS, Quintana Roo.- Un cobro de 56 mil pesos aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un pozo de riego mecanizado de la comunidad de Kancabchén generó inconformidad entre campesinos, quienes aseguran que la falla detectada en el medidor fue provocada por una lagartija y no por una manipulación de los productores.
Manuela Cahuich, habitante de la localidad, explicó que el caso ocurrió en el denominado Pozo 1, utilizado por los agricultores para mantener sus actividades productivas.
De acuerdo con su testimonio, una lagartija ingresó al medidor de energía eléctrica y quedó atrapada en el interior, provocando una anomalía en el funcionamiento del equipo.
Posteriormente, personal de la CFE realizó una inspección y determinó aplicar un cobro de 56 mil pesos, monto que finalmente tuvo que ser cubierto por los productores para evitar mayores complicaciones con el suministro eléctrico.
Cahuich consideró excesiva la cantidad exigida, principalmente por tratarse de campesinos que dependen de la producción agrícola y cuentan con recursos económicos limitados para enfrentar un gasto de esa magnitud.
La entrevistada afirmó que los afectados acudieron en diversas ocasiones a las oficinas de la empresa eléctrica para solicitar una revisión del caso, explicar las circunstancias en las que ocurrió la falla y buscar alguna alternativa de solución.
Sin embargo, aseguró que no obtuvieron una respuesta favorable ni la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permitiera reducir o reconsiderar el monto aplicado.
La situación provocó inconformidad entre los productores, quienes sostienen que fueron responsabilizados económicamente por una anomalía que, según su versión, tuvo su origen en el ingreso accidental de un reptil al equipo de medición.
Los campesinos señalaron que el pozo de riego representa una infraestructura fundamental para mantener la producción agrícola de la comunidad, por lo que cualquier problema relacionado con el suministro de energía eléctrica afecta directamente sus actividades y economía.
El caso, de acuerdo con Cahuich, refleja las dificultades que enfrentan habitantes y productores de comunidades rurales cuando buscan impugnar cobros o solicitar la revisión de sanciones que consideran injustificadas.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre algún posicionamiento de la CFE respecto a este caso ni sobre las condiciones técnicas que motivaron la aplicación del cobro de 56 mil pesos.
Los productores esperan que situaciones similares puedan ser revisadas con mayor atención y que existan mecanismos accesibles para que las comunidades rurales puedan inconformarse ante cobros que consideren improcedentes.
