Chetumal.-Visto los recientes acontecimientos en los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, José María Morelos y Cozumel respecto de las manifestaciones de las y los agentes municipales de seguridad pública, el Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se pronunció para que los titulares de los Ayuntamientos de todo el estado garantice las condiciones laborales del personal de quienes se desempeñan como agentes policiales, para que a su vez se garantice la seguridad pública de la ciudadanía.
La Seguridad Pública es un derecho humano. Es un deber del Estado y una forma de garantizarle a la ciudadanía el ejercer sus derechos a vivir en ambiente de libertad, seguridad y paz, destaca el documento emitido y con voz del presidente de la CDHEQROO, Harley Sosa Guillén.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 21 que la seguridad pública recae, además de la Federación y los Estados, en los Municipios, por tanto para cumplir a cabalidad este deber, las autoridades deben procurar que en quienes recaiga directamente la responsabilidad de brindar esa seguridad, lo hagan en condiciones dignas y con las herramientas necesarias para ello, detalla el comunicado.
Las policías municipales deben cumplir con la función fundamental de prevenir el delito en nuestras comunidades, por tanto esta labor fundamental en el trabajo cotidiano que desempeñan, deberá ser bajo las formas y condiciones que la misma Ley establece.
Por lo anterior las y los integrantes del Consejo Consultivo de esta Comisión de Derechos Humanos nos pronunciamos para que los titulares de los H. Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, tomen las medidas pertinentes para que las y los agentes de las policías municipales puedan desempeñarse de manera honrosa, eficiente y digna, así como garantizar las condiciones laborales de las mismas de acuerdo a lo establecido por el marco normativo y las políticas públicas nacionales y estatales para la prevención del delito, así como investigar los señalamientos que pudiesen ser inclusive tipificados como delitos, para el respectivo deslinde de responsabilidades, pero sobre todo para garantizar a la población en general el derecho humano a la seguridad pública.
